El jefe de la asociación de Salas de Fiesta y socio de Cursach denuncia a decenas de locales

La entidad que preside Vidal exige a Cort que precinte los altavoces de todos los locales con música exterior / El discotequero intenta que el auto judicial que le afecta sólo a él sea aplicado a todo el sector

ESTEBAN URREIZTIETA

Bartolomé Cursach pretende morir matando. Acorralado por un auto judicial que ordena el precinto de los altavoces exteriores de su discoteca con forma de abadía gótica en la Playa de Palma y por el irreversible anuncio de Cort de que va a obedecer al juez, el mayor empresario de ocio de Baleares ha decidido declarar la guerra a todos a la vez. A las autoridades y a los locales de la competencia.

El discotequero ha forzado a la Asociación de Salas de Fiestas de las Islas a denunciar masivamente ante el Ayuntamiento de Palma a todos los establecimientos que ponen música al aire libre. Terrazas, bares, restaurantes, biergartens... Sea cual sea su propietario. Sea cual sea ubicación. Siguiendo las instrucciones de Cursach, el presidente de la asociación, Pedro Vidal, ha remitido los escritos acusadores al Consistorio palmesano.

El empresario de ocio lo ha intentado todo antes de llegar a este punto extremo. Ha presionado con la ayuda del editor Pedro Serra a Cort para que cambie a su favor la ordenanza de ruidos y así tener un excusa para desobedecer al juez. A través de las páginas del diario Ultima Hora, Serra ha venido advirtiendo en tono amenazante que, si Cort hace cumplir a su íntimo Cursach el auto judicial, «se va a liar gorda». Y ha instado, día tras día, a su columnista deportiva Catalina Cirer, «a mover ficha».

En la misma línea se han expresado los directivos del Grupo Cursach en innumerables entrevistas concedidas en medios de comunicación afines. En todas ellas, se han dedicado a infundir falsamente el miedo al resto de locales de ocio que ponen música al aire libre.

Y han vaticinado a la vez una debacle turística si la alcaldesa, como no podría ser de otra forma, acata una resolución judicial que acaba de ser ratificada en los mismos términos en los que fue dictada el pasado mes de diciembre.

Cursach ha movilizado a su favor a la Caeb; a los medios de comunicación que riega con multimillonarias campañas de publicidad; a algunos miembros concretos de la Asociación Hotelera de Mallorca; e incluso llegó a convencer inicialmente a la Asociación de Restauradores de Baleares.

La cadena de presiones

Este es el frente que ha confeccionado con el objetivo de saltarse una resolución judicial y de que Cort, siguiendo sus dictados, incurra en un presunto delito de prevaricación cambiando la norma con el único objeto de beneficiarle.

Pero es que en su campaña de presiones, el Grupo Cursach ha incluido al mismísimo magistrado que ha elaborado el temido auto y que hace ya dos años le clausuró al empresario de ocio la discoteca ilegal que se levantaba donde ahora está la discoabadía. Los adláteres de Cursach le solicitaron en persona al juez una aclaración de la resolución en un último intento por poder poner música este verano en la sala de fiestas al aire libre en la que llevan invertidos ya 8 millones de euros. El juez Francisco Pleite, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma aceptó la petición de Cursach y aclaró su auto. Eso sí, lo hizo en los mismos términos que el inicial: ordenando al Consistorio que «precinte o retire los altavoces exteriores» del MegaPark. Con su avalancha de denuncias pretende situar a Cort en la tesitura de tener que actuar contra el resto de locales. Lo que olvida es que sobre ninguno de ellos pesa un dictamen judicial ni ha quedado acreditado que molesten como lo hace su discoteca.

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