Malestar municipal por el parón judicial a la clausura de bares

El caso del Náutico reaviva las quejas por las órdenes que impiden cerrar locales sin licencia. Muchas clausuras dictadas en los últimos meses se revocan en los tribunales

CARMEN MARTÍNEZ ALFONSO

El caso de Club Náutico, restaurante y local de copas que ha conseguido permiso judicial para seguir abierto pese al decreto de cierre emitido por el Ayuntamiento de Zaragoza, ha reavivado el malestar de los responsables municipales ante las resoluciones judiciales que evitan en muchas ocasiones el cumplimiento de la sanción municipal.

Tanto el PSOE como CHA, los dos socios del gobierno municipal, han expresado en los últimos días la dificultad añadida que supone para el consistorio controlar la actividad de establecimientos denunciados por ruidos o incumplimientos, que cuando se ven afectados por el cierre municipal acuden a los tribunales y consiguen mayoritariamente la suspensión cautelar del castigo aplicado.

Ayer, la postura oficial del equipo que dirige Juan Alberto Belloch era de "acatar y respetar la suspensión cautelar de la clausura del Náutico por posibles daños económicos". Sin embargo, los responsables del gobierno de Zaragoza reiteraron su malestar por la repetición de este tipo de situaciones.

"Por un lado nos condenan a indemnizar a vecinos perjudicados por ruidos y molestias de bares que el consistorio tiene que controlar, y por otro, cuando los cerramos, los juzgados nos paran los expedientes", explicaron.

En la oposición, sin embargo, la decisión sobre el Náutico y sobre otros locales se valoraba de forma distinta. Manuel Blasco, portavoz el PAR, aseguró que los jueces "ven otras cosas que no ve el ayuntamiento, por ejemplo, que un cierre pueda causar más perjuicio que beneficio".

En el caso del Náutico, Blasco señaló que la suspensión cautelar de la clausura "parece razonable, sobre todo si existe la sospecha de que el cierre sea una presión por la falta de acuerdo en la cesión del suelo necesario para el plan de riberas".

El PP, por su parte, prefirió no hacer declaraciones respecto de la orden de clausura del establecimiento.

En el lado de los afectados, los propietarios de locales defienden que las clausuras son arbitrarias, porque el consistorio "no cumple los plazos administrativos marcados, ni responde cuando se piden las licencias", según señaló el responsable del Club Náutico, José Luis Yzuel.

Un portavoz de la asesoría jurídica de Zaragoza que tramita la mayoría de los pleitos de los empresarios hosteleros contra el ayuntamiento aseguró a este periódico que la práctica totalidad de los locales con amenaza de cierre que recurren "consiguen un auto para volver a abrir. Se alega la apariencia de buen derecho, porque cuentan con licencia concedida o en trámite".

La falta de respuesta del ayuntamiento en los plazos legales cuando se solicitan permisos es uno de los argumentos que utilizan los abogados de esta asesoría para desactivar la clausura en los tribunales.

"Los jueces --señaló Yzuel, responsable del Náutico-- le dan continuos repasos al ayuntamiento por fallos en los trámites".

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