Bennisalem, 08/02/06 El juez condena a la cementera por contaminación del entornoLos técnicos estiman que las medidas correctoras a implantar ascienden a 15 millones de eurosPEP CÓRCOLES
El juez del Número 3 de Primera Instancia e Instrucción de Inca, José Matías Penadés García, ha condenado a la empresa propietaria de la fábrica de cemento de Lloseta, Cemex SA, al pago de indemnizaciones a los vecinos de la zona y a la instalación de medidas correctoras para evitar la contaminación que vierte al entorno. La resolución del juez es consecuencia de un proceso que se inició el año 2000 y en el que 23 vecinos demandaron por la vía civil que se resolviera "el acuciante problema que tenían", informa el abogado de los afectados, Josep Beltrán. Los vecinos solicitaban del juez tres puntos: obligar a colocar mejores medidas para evitar la contaminación por emisión de ruidos y partículas al medio; una indemnización por daños y perjuicios sufridos hasta la fecha del pleito y finalmente otra indemnización por los daños futuros que se produzcan mientras no se apliquen medidas suficientes para corregir las emisiones. El juez estima las tres peticiones en su fallo. Beltrán aseguró ayer que "por el momento las indemnizaciones ascienden a 360.000 euros". Los vecinos acogieron ayer con alegría el fallo del Juzgado, pero se sienten pesimistas por cuanto la empresa ha anunciado ya la interposición de un recurso. El abogado Beltrán les informó que pueden pasar aún unos años hasta que se resuelva con una sentencia firme "que esperamos que sea totalmente a favor puesto que las pruebas periciales son tajantes". Joan, uno de los vecinos afectados declaraba que "por una parte esta sentencia en primera instancia supone un alivio moral porque por lo menos no nos vemos solos luchando contra un gigante que nos está comiendo. Por otra parte nos desanima ver que pueden pasar 10 años hasta que veamos que se ha solventado todo". Joan mostró ayer a la prensa congregada como sobre su casa y árboles se deposita a diario una película de polvo que asegura que procede de las emisiones de la planta cementera. La prueba pericial ordenada por el juez destacó en el informe que era efectivamente cierto que el funcionamiento de la fábrica provocaba contaminación de varios tipos al entorno. Además indicó como constatado que se habían invertido casi seis millones de euros en medidas correctoras pero que se estimaba que faltaban aún por invertir unos 15 millones más para solucionar el problema.
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