Un matrimonio amenaza con querellarse contra un edil por los ruidos en Príncipe de Asturias

Da un ultimátum al concejal de Medio Ambiente por un delito contra la salud y reclama una indemnización de 30.000 euros por las molestias que le causa un bar

J. A. GONZÁLEZ

Las molestias que, desde hace años, soportan los vecinos de la zona de Príncipe de Asturias por la falta de insonorización de los bares y el botelleo no sólo le pueden salir muy caro al Ayuntamiento. Además, amenazan con acarrearle la primera sentencia penal contra un concejal.

Una vecina de la calle, y su esposo, -que piden mantenerse en el anonimato- han presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial y solicitan al Ayuntamiento una indemnización de 30.000 euros por los graves perjuicios que presuntamente le origina un pub situado en la esquina de Pintor Balaca.

Además, ha dado un ultimátum al concejal de Medio Ambiente, Nicolás Ángel Bernal, para que decrete el cierre provisional del establecimiento, bajo amenaza de plantearle una querella.

Un derecho básico

«Mi marido y yo llevamos tres años yéndonos a dormir a 44 kilómetros de nuestra casa, porque es imposible conciliar el sueño, sobre todo los fines de semana. Hemos hablado decenas de veces con el dueño del local, el Ayuntamiento y la Policía Local, pero las autoridades consienten la situación», señala la vecina afectada.

Aunque va a acatar el plazo de quince días que les ha ofrecido el edil para adoptar una solución, la vecina reclama a Bernal «que se tome en serio» un problema que afecta a algo básico: «Que respeten el derecho al descanso».

La vecina ha entregado al Ayuntamiento una cinta de vídeo donde se ve a personas bebiendo en la calle y donde se escuchan los ruidos que soporta esta zona de noche.

Técnicos municipales efectuaron mediciones en la vivienda de la afectada, «y no pudieron determinar si el ruido provenía de los bares o de la gente que estaba en la calle», según Bernal.

El edil dice haber ordenado una nueva inspección del local, y critica «el descuido de los responsables de los locales y las malas prácticas de quienes hacen botelleo».

La vecina responde que el bar «carece de licencia para la actividad que desarrolla», y está decidida a llevar a los tribunales al dueño y al concejal por un delito contra el medio ambiente tipificado en el artículo 325 del Código Penal.

Los denunciados se enfrentarían a penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

«Cada uno es libre de denunciar, y entiendo que haya gente descontenta. Pero estamos trabajando y necesitamos la colaboración de los empresarios», dijo Nicolás Ángel Bernal. El edil admitió que un obstáculo es la dificultad que encuentran para erradicar el botelleo en la zona.

En los dos últimos años, bares y discotecas del municipio acumulan (con más de 500) la mitad de las multas impuestas en la Región por exceso de ruidos y por cerrar tarde. Aunque algunos tienen decenas de sanciones, ninguna administración suele dictar su cierre provisional.

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