Los recursos vecinales logran interferir varias licencias a locales de hostelería

En los últimos meses se ha cerrado un bar y se ha denegado licencia a otro

El Ayuntamiento debe indemnizar a Marengo, en la foto, por las obras de la discoteca que tuvo que cerrar.

Las denuncias vecinales, bien por ruidos u olores o por incumplimientos de normativa, han obligado al Ayuntamiento de Pamplona a ordenar el cierre o a denegar la licencia de apertura de varios establecimientos de hostelería en los últimos meses. La historia, sin embargo, no es nueva, y en los archivos municipales hay constancia de casos similares desde los años noventa. La reciente sentencia por la que el Ayuntamiento de Pamplona deberá indemnizar a los dueños de la discoteca Marengo por realizar unas obras con una licencia que luego fue anulada por una juez, puede marcar un punto y aparte en la tramitación municipal de las licencias de obra y apertura de los locales de hostelería.

El hilo conductor de muchos cierres, apercibimientos y requerimientos son las denuncias vecinales

«No hay previsto ningún cambio en la tramitación, aunque sí está claro que el aumento de los recursos por parte de los particulares y también el hecho de que los tribunales miran con gran detenimiento las normativas existentes, nos llevará a ser todavía más exigentes si cabe», explica el director del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya. El director asegura también que, frente a las más de 1.000 licencias que se conceden al año en el área, «apenas unas pocas se anulan más tarde».

Olores, ruidos e ilegalidades

En muchos casos el cierre que ordena el consistorio al establecimiento es provisional, hasta que los propietarios adecuan el local a la normativa, pero en otros resulta definitivo.

Definitivo fue el cierre de un restaurante de una cadena de bocadillos que abrió sus puertas a finales de los años 90 en la avenida de Pío XII, y fue clausurado poco después. Hasta el Ayuntamiento de Pamplona habían llegado varias denuncias vecinales motivadas por los humos y olores que llegaban a las viviendas procedentes del local. La imposibilidad, por la negativa vecinal, de instalar una chimenea, obligó al local a cerrar sus puertas.

Hace poco más de un año también las quejas vecinales llevaron al Ayuntamiento de Pamplona a ordenar el cierre de un bar en la calle Amaya. El requerimiento al Menos es más lo fue por dar servicio de cocina «sin tener la autorización correspondiente» y no contar con el aislamiento sonoro necesario. El establecimiento había abierto sus puertas en mayo de 2004 y la orden de cierre llegaba en octubre. Tras cumplir los requerimientos el local volvió a abrir poco después.

Otra denuncia vecinal, en este caso basada en un aspecto legal incumplido por el Ayuntamiento, llevó al cierre del bar especial El Dorado, en el número 5 de la calle Olite, el pasado mes de febrero. Culminaba así un largo proceso en el que la comunidad de vecinos y los propietarios del local llevaban inmersos tres largos años, desde que en septiembre de 2002 el Ayuntamiento otorgara la licencia de obras al establecimiento. El olvido municipal de dar audiencia a los afectados (los vecinos del inmueble) para que formulasen las oportunas alegaciones ante la apertura del local, fue el argumento utilizado por la comunidad para solicitar la anulación de la licencia. Tras varias sentencias y resoluciones el bar quedó clausurado a comienzos de 2005.

El caso de Marengo es tal vez el más conocido de los habidos. En enero de 2001 el propietario de la discoteca solicitó licencia para habilitar como sala de fiestas el bingo de la planta superior. Cinco meses más tarde el Ayuntamiento le otorgó la licencia mientras rechazaba las alegaciones en las que los vecinos insistían en la ilegalidad de la obra por no estar la discoteca en un edificio aislado. Llevada la denuncia a los tribunales, el TAN anuló la licencia argumentando, entre otras cosas, que «la calidad de vida de los vecinos debe prevalecer sobre el interés económico de un local». La sentencia fue confirmada por el TSJN y se ordenó el cierre del local. Una última sentencia obliga ahora al consistorio a indemnizar a los dueños de Marengo con unos 350.000 euros por las obras que realizó para abrir la discoteca.

Más noticias de este mes | Último mes | Índice general de noticias
Página principal de ruidos.org