Represión urinaria

CARLOS LUIS RODRÍGUEZ

La nueva ordenanza municipal de Compostela prohíbe mear en la calle. O sea, que el alivio urinario estaba hasta ahora permitido, aunque sólo algunos hicieran uso de ese derecho. No es justo. Seguro que muchos ciudadanos y ciudadanas hubiesen deseado satisfacer esa necesidad fisiológica al aire libre, y no lo hicieron por ignorancia. Tenían esa prerrogativa, sin saberlo.

La cosa no es baladí, porque pararse en cualquier sitio y orinar es sinónimo de libertad. De hecho, existe una respetable Plataforma dedicada a defender las juergas nocturnas, que califica la continencia etílica y urinaria como una forma de represión, algo de lo que cualquiera que tenga ganas y se aguante puede dar fe.

Es represión, en efecto, y una represión indudablemente franquista. La dictadura tampoco dejaba mear ni defecar en la vía pública, y obligaba a los borrachos a ser discretos. Gente como la de la Plataforma pelea contra esas reminiscencias autoritarias que todavía están incrustadas en nuestra sociedad. Una ciudad en la que no se mee sin restricciones será una ciudad reprimida que hay que liberar mediante la acción directa, o sea, haciendo pis a placer.

Decíamos que, mientras la ordenanza no entre en vigor, todo el mundo está autorizado a dejar su huella líquida en las esquinas. Es una verdad parcial. Según la Constitución española, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No se precisa si tal cosa afecta también a este asunto de las micciones públicas. En realidad, en esta materia rige una completa desigualdad, que queda patente con un par de situaciones.

Fin de semana, altas horas de la noche, un practicante del botellón se va a un portal y descarga su vejiga. Es algo completamente normal, una costumbre que ya se ha instalado en barrios de nuestras ciudades y ante la que los vecinos afectados se van resignando, con la esperanza de que las aguas menores no pasen a mayores.

Media mañana de un día laborable cualquiera, un empleado de una oficina sale a la calle, se desabrocha y deja un riachuelo. La indignación sería general. La de cosas que le llamarían al pobre hombre (ya no digamos si fuera una señora), que quedaría abochornado y tal vez detenido por escándalo, deterioro del mobiliario urbano, exhibicionismo y competencia desleal con las estrellas del porno, si el tamaño es apreciable.

Los dos protagonistas de los ejemplos hacen lo mismo, y sin embargo el trato que reciben es muy distinto. Lo que en un caso se considera expresión de la libertad, en el otro es una guarrada. Son desiguales ante la ley. Dependiendo de la edad del sujeto y de la hora del día, rigen dos legalidades distintas, ante un acto similar.

Por si esto fuera poco, uno de los individuos, el que no se reprime, está defendido y reivindicado por una Plataforma que cuenta con importantes apoyos e influye en el voto de grupos municipales. El otro está desamparado. Hay un lobby de la micción pública que protege a unos ciudadanos, y se desentiende de la meada vulgar.

¿Acabará con todo esto la ordenanza? Hay que dudarlo. Los defensores de la meada nocturna son muy poderosos, y saben que la Administración no superará determinados límites por miedo a ser tachada de autoritaria. Aunque parezca paradójico, los poderes públicos suelen ser más estrictos con las personas cumplidoras que con las gamberras. Sobran los ejemplos. Así que lo mejor sería hacer lo contrario, decretar la libertad sin restricciones y convertir en partido la Plataforma urinaria.

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