FUENTE ÁLAMO

El Ayuntamiento indemniza a un vecino por los ruidos de un taller

Martín Miras posa delante de su vivienda (izquierda) y de la cochera del taller de motos

Un vecino de Fuente Álamo ha cobrado una indemnización de 28.060 euros del Ayuntamiento por los ruidos y molestias que ha sufrido de un taller de motocicletas situado junto a su residencia.

La sentencia del magistrado del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Cartagena, Eduardo Sansano, no tiene precedentes en el municipio y sólo dos en la Región, que fueron los procesos por los ruidos que ocasionaban los bares de Cabo Palos y que condenaron en ambas ocasiones al ayuntamiento de Cartagena.

La historia comienza en febrero del año 1999 cuando los vecinos de la urbanización Los Gallos se enteran de que se instalará un taller de motos junto a sus viviendas. El día 25 de dicho mes presentaron una primera reclamación que no tuvo efecto. Ese mismo año, las mediciones de ruido efectuadas en las viviendas más próximas registraron niveles de ruido de 80 decibelios.

Uno de los vecinos, Ramón Fuentes, se dirigió al Defensor del Pueblo en noviembre de 2001 explicando la situación, respondiendo Manuel Aguilar que el taller carece de autorización para su puesta en marcha, no ha instalado medidas de insonorización y supera los 65 decibelios permitidos, incumple su horario y hay informes de manchas de aceite en la vía pública y de motos situadas en vados. También refleja "la lamentable falta de respuesta por la consejería de Medio Ambiente" y la "pasividad municipal", señalado al Ayuntamiento como "único competente para sancionar".

El taller, trasladado a otro lugar

La intervención del Defensor del Pueblo tampoco surtió efecto, mientras que las molestias continuaban por la actividad propia del taller y por los equipos de competición para las carreras motociclistas de los hijos de Jerónimo Castillejo, titular del local.

Entonces, Martín Miras Molino, el vecino más afectado, decidió demandar al Ayuntamiento a través del abogado Miguel Ángel Pouget Bastida. En la sentencia, el juez considera que el taller "no debería haber empezado a funcionar sin el acta de puesta en marcha" y da por probado que el local producía en la vivienda del demandante "ruidos superiores a los permitidos". También pone en tela de juicio la actuación del Ayuntamiento, que nunca abrió expedientes sancionadores "ni actuó ante las quejas de los vecinos ni cuando el Defensor del Pueblo le sugirió varias medidas".

Martín Miras reclamó 53.541,96 euros, de los que el juez concede 600 euros mensuales desde enero de 2000 hasta junio de 2003, en base a que, según el Tribunal Supremo, se puede reclamar indemnización por la imposibilidad de utilizar el domicilio habitual o por la incomodidad o sufrimiento en la vida personal si se continúa en la vivienda. Tras la sentencia, el Ayuntamiento abonó el dinero con los intereses a Miras y ordenó el traslado del taller a otro lugar.

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