El Gobierno local, condenado por no evitar los ruidos y el humo de un bar

El Faro

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Melilla condenó a la Ciudad Autónoma a pagar 7.031 euros a unos vecinos por su “clara apatía” para impedir las actividades de un bar denunciado por sus ruidos, humos y mal uso de los contenedores de basura.

El Juzgado de lo Contencioso número 1 dictaminó que el Gobierno local actuó con “clara apatía” (Foto: EL FARO)

Según Efe, la sentencia del Juzgado dice que el Gobierno local dejó transcurrir un tiempo “inexplicablemente largo para solucionar la problemática” e incluso llegó a intentar trasladar la responsabilidad de las molestias a la vivienda del matrimonio denunciante.

Los vecinos fueron defendidos por la Asociación de Juristas contra el Ruido, que llevan acciones en todo el territorio nacional contra la contaminación acústica, las antenas de telefonía y otros casos de delitos contra el medio ambiente.

En este caso, según la sentencia, tanto el matrimonio denunciante como la comunidad de propietarios llevaron a cabo una “reiteración de quejas” ante la Consejería de Medio Ambiente de Melilla, desde la primera denuncia de abril de 2001 al menos hasta julio de 2006.

Los vecinos se quejaban porque el bar situado bajo sus viviendas incumplía las normas de uso de contenedores, evacuación de humos sin filtrado y porque los ruidos que llegaban hasta los pisos alcanzaban niveles “intolerables”.

El Gobierno autonómico demostró una “clara apatía” y no adoptó “con rapidez y determinación la corrección de medidas” hasta que se vio “forzado a actuar como consecuencia de una comunicación del Defensor del Pueblo”, dice la sentencia.

Los vecinos sufrieron claros “perjuicios físicos y psíquicos al impedirles notablemente la conciliación del sueño nocturno” y ello como consecuencia de un mal funcionamiento de un servicio público, por lo que el juez declara la responsabilidad patrimonial de la Ciudad Autónoma.

Junto a los 1.031 euros que los vecinos pagaron de gastos de abogado e informes técnicos, la sentencia les concede otros 6.000 euros por los daños morales derivados de “la pugna que han debido desarrollar para que el ente local actuara”, en una situación que “sólo se ha podido corregir con su esfuerzo personal y económico, con lo que ello conlleva de frustraciones, angustia, inseguridad y fastidio”, dice el juez.

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