La denuncia por el ruido llega al TSJC

G. MAESTRE

Después de que el año pasado finalmente el carnaval en la calle no fuera suspendido, ni cautelar ni definitivamente, los vecinos de las zonas aledañas han comprobado cómo la apelación ante el Tribunal de Justicia llevada a cabo por su representante legal, Felipe Campos, ha sido apoyado por el Ministerio Fiscal, de manera que, con fecha 13 de diciembre de 2006, el expediente ha pasado al TSJC, que se pronunciará antes de que comience el Carnaval 2007.

En caso de que el TSJC no fallara a favor de los demandantes, Felipe Campos tiene claro que volverá recurrir, esta vez ante el Tribunal Supremo, puesto que se trata de "una vulneración de una Ley del Parlamento de Canarias sobre las actividades musicales en la zona centro de una ciudad".

Campos insiste en la idea de que "no hace falta esperar a que un juez les obligue a no hacer lo que, de por sí, ya no deberían hacer porque la ley no ofrece lugar a dudas". El letrado explica que el año pasado se realizaron mediciones de ruido por parte de la policía que arrojaron más de 115 decibelios, lo cual "es una brutalidad absoluta que, según los parámetro de la Organización Mundial de la Salud, vulneran la salud". A ello, el abogado añade el hecho de que, "el primer fin de semana, de las fiestas del año pasado, estuvieron considerablemente mermadas por el mal tiempo, de manera que ni siquiera se adecuan a la auténtica realidad".

Tras más de un año de litigio entre las partes, Campos recuerda que el ayuntamiento no ha formulado ningún argumento legal y que se basan en cuestiones como que los vecinos han sabido siempre que ahí se celebraba el carnaval, que es una fiesta popular de repercusión internacional.

Como antecedente claro, el letrado recuerda que en Las Palmas pasó algo similar y se argumentó también el reclamo turístico e internacional para la Isla. Sin embargo, "el Tribunal Supremo resolvió que eso le importaba un pito y que los derechos fundamentales están por encima de todo lo demás".

No obstante, añade Campos, la policía tuvo que ir a obligar a retirar los quioscos porque la alcaldesa de la ciudad no cumplió la sentencia y se produjo el dantesco y bochornoso espectáculo de que el tribunal enviara a la policía para que se cumpliera la sentencia.

Desde el punto de vista legal, y según entiende Felipe Campos, "no hay duda alguna de que es una situación completamente al margen de la ley y que se resolverá favorablemente tarde o temprano porque, además, hay una resolución idéntica por parte del Tribunal Supremo que sirve como antecedente claro".

Para finalizar, el representante legal de más de 9 comunidades de vecinos de la zona centro y de una decena de particulares hace hincapié en el hecho de que "este año el ayuntamiento ya no puede decir que ha sido una sorpresa, como así hizo el año pasado".

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