Un silencio supremo en Vila-real

El alcalde se mantiene callado tras la sentencia por consentir ruidos de una empresa

El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, ha articulado pocas palabras desde que conoció la condena del Tribunal Supremo por prevaricación. La sentencia da por probado que la primera autoridad municipal consintió “de forma deliberada” la emisión ilegal de ruidos de una empresa que generó numerosas quejas vecinales.

DAVID HERNÁNDEZ

Manuel Vilanova

La sentencia revoca el fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, que absolvió a Vilanova hace un año después de que un juzgado de instrucción no encontrara delito, y da por probado que el alcalde consintió “de forma deliberada” la emisión ilegal de ruidos de una empresa que generó numerosas quejas vecinales, durante su mandato (desde 1995) y el anterior, con alcalde socialista.

“Se situó del lado de una industria contaminante (Rocersa) en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo que vulneraba la legalidad que regula la emisión de ruidos”, reza el fallo.

El alcalde puso su cargo a disposición del PP el día que conoció la sentencia, pero el partido elude de momento la dimisión.

Después de tachar de “política” la sentencia, el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, anunció que iban a agotar todas las vías legales. La estrategia se basa en solicitar el indulto al Gobierno con una campaña de recogida de firmas (ya son más de 5.000) y en un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Ejecución de la sentencia

El objetivo del PP es lograr la suspensión de la sentencia, razón por la cual Vilanova no dimitirá hasta que llegue a la Audiencia Provincial de Castellón y ordene su ejecución. En ese momento, todo apunta a que el actual concejal de Agricultura y diputado provincial, Ramón Tomás, asumiría la alcaldía hasta el final de la legislatura.

Así, el PP no descarta que Vilanova sea su candidato para las elecciones del próximo mayo, con el conseller de Cultura, Alejandro Font de Mora, en la recámara.

La movilización que se ha generado en la población de La Plana Baixa durante los últimos días, con recogida de firmas en empresas azulejeras, anuncios de prensa con el lema “Manolo, una persona honrada” y, en especial, las muestras de afecto y los vítores en la masiva concentración del pasado viernes –a la que acudieron unos 3.000 vecinos–, están animando al PP a afrontar la condena del Supremo como un reto para dar un giro de 180 grados a sus consecuencias políticas.

Así se desprende de las declaraciones del líder provincial del partido en la cena de Navidad de apoderados e interventores del Grau: “Pienso que Manolo Vilanova es el mejor candidato. Lo pensaba hace una semana y lo sigo pensando ahora”.

El partido ha dado manos libres para tomar decisiones a Carlos Fabra, que desde hace dos años está siendo investigado por los jueces y la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de fraude fiscal, contra la Administración Pública y falsedad documental.

La perspectiva

En Madrid, el asunto se contempla como una fría condena del Supremo por prevaricación contra un alcalde popular. En Vila-real es una sentencia con pena de prisión e inhabilitación contra Manolo Vilanova.

Por eso el tono de las declaraciones de los dirigentes del PSPV y PP han sido dispares dependiendo si procedían de La Plana o de Madrid. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró esta semana que el fallo había disparado todas las alarmas en el resto de ayuntamiento, ante la jurisprudencia que crea y la indefensión que puede crear en el resto de alcaldes.

Desde el alcalde de Moncofa, José Vicene Isach, que calificó la sentencia de “excesiva” y expresó su “comprensión”, pasando por el de Onda, Enrique Navarro, que mostró su apoyo personal a Vilanova hasta los ataques de Pla al Consell por respaldarlo tras la condena y las críticas del ministro López Aguilar al PP por no acatar el fallo y dimitir.

En el PP, también se ha visto desde el férreo cierre de filas del presidente de la Diputación, el vicepresidente y el portavoz del Consell –personas cercanas a Vilanova– defendiendo su honorabilidad y calificando de “injusta” la sentencia, hasta las declaraciones más asépticas de Francisco Camps o el silencio de otros dirigentes populares.

Efectos de la sentencia

“La sentencia invita a la reflexión a muchos niveles; todos los alcaldes de España deberíamos estar preocupados”. El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, definió así los efectos colaterales que puede generar la condena del Supremo . En la misma línea se manifestaron la alcaldesa de Valencia y el portavoz del Consell, así como alcaldes socialistas como el de Moncofa, José Vicente Isach: “Nos puede pasar a cualquier alcalde, todos estamos en esas circunstancias; el problema surge porque prefieres buscar soluciones de consenso antes de llegar al cierre de una empresa o un pub”.

No obstante, según el más alto tribunal del Estado, las víctimas del delito de prevaricación por parte del alcalde, y medioambiental por parte del gerente de Rocersa, no son otras que los vecinos de Vila-real que sufrían los ruidos de una empresa.

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