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Barcelona, 02/12/06
CASO REABIERTO

La Audiencia ordena que se investiguen los ruidos de un colegio

J. G. ALBALAT

La Audiencia de Barcelona ha ordenado a un juzgado que investigue la presunta contaminación acústica producida durante los días de clase en la instalaciones de la Escola Claret, en el barrio de Gràcia, y la supuesta inactividad del Ayuntamiento de Barcelona ante las quejas de los vecinos. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación administrativa.

Los magistrados de la Sección Quinta han revocado, de esta manera, el auto de archivo del caso dictado en mayo por el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que tomó esta decisión sin practicar "ni una sola diligencia" de investigación por entender que los hechos denunciados por un vecino no eran constitutivos de delito, según el auto al que ha tenido acceso este diario.

La Audiencia alega que el sobreseimiento del proceso judicial no "está justificado en modo alguno con la mera referencia a las servidumbres de todo tipo que tenemos que soportar los ciudadanos de las grandes ciudades, como es el caso de Barcelona". El juez exponía en su auto de archivo que "tener un colegio cerca de casa, al propio tiempo de tener ciertas ventajas, también tiene inconvenientes, como oír ruidos de los niños cuando juegan y hacen deporte". Los magistrados argumentan ahora que las resoluciones judiciales de este tipo requiere un mayor análisis jurídico.

DURANTE SEIS AÑOS

Un vecino de la escuela denunció el pasado mes de mayo que desde 1999 las personas que viven en los edificios colindantes con un patio de manzana donde hay determinadas instalaciones del colegio se ven obligados a soportar durante el curso "un ruido ensordecedor e insostenible" para su salud, pese a las numerosas quejas administrativas presentadas por los afectados, cerca de un centenar.

La Audiencia destaca que hay indicios de que los hechos pueden revestir gravedad, teniendo en cuenta que la contaminación acústica perdura desde hace seis años, el número de perjudicados y la posibilidad de que se hayan provocado daños psíquicos a los vecinos. Los magistrados subrayan, además, que "no se conocen" las actuaciones que el ayuntamiento ha hecho para paliar el ruido, extremo que también debe ser investigado.

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