CONGRESO DE CONSTITUCIONALISTAS EN VALENCIA

El ministro de Justicia acusa al PP de ponerse por montera la sentencia de Vila-real

Se refirió tácitamente a Camps por sus declaraciones de apoyo al alcalde del PP condenado

E. P./R. L.

El ministro de Justicia y Administraciones Públicas, Juan Fernando López Aguilar, afirmó ayer que «los tribunales se merecen respeto y, sobre todo, que se les deje trabajar» y reprochó a los populares en la Comunitat Valenciana que se hayan puesto «por montera» decisiones judiciales como la que afecta al alcalde de Vila-real.

López Aguilar realizó estas declaraciones en relación con la respuesta del PPCV y del Consell a la sentencia que condena al primer edil de Vila-real por un presunto delito de prevaricación, después de participar en la inauguración del V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE) en Valencia. Al acto también asistieron el conseller de Justicia, Miguel Peralta; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luís de la Rúa, quien introdujo el acto.

El ministro lamentó que una sentencia de prevaricación a un alcalde haya obtenido como respuesta la «descalificación, por parte de personas que ostentan responsabilidad política».

Con estas declaraciones se refería concretamente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ha apoyado al alcalde de Vila-real diciendo que «dejará el cargo cuando la sentencia sea firme». La sentencia ha sido dictada por el Tribunal Supremo y es ejecutable desde el momento en que se notificó, el pasado viernes, ya que un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no suspende la ejecución de la pena.

El Tribunal Supremo condena a Manuel Vilanova a un año y medio de prisión por un delito de prevaricación, y a la pena de inhabilitación para el cargo por un tiempo de ocho años. El motivo fue «consentir de forma deliberada» la emisión de ruidos por parte de una empresa cercana a unas viviendas.

El titular de Justicia indicó que «a diario escuchamos al PP acusaciones completamente carentes de fundamento y de toda falsedad», y desafío a «cualquier portavoz del PP a que sea capaz de poner un solo ejemplo en el que un miembro del Gobierno haya intentado nunca calificar la actuación de ningún tribunal de Justicia». Y añadió que «lo constato hoy aquí (por ayer), en la Comunitat Valenciana, donde he conocido que, ante pronunciamientos de los tribunales de justicia, hay responsables políticos que se permiten calificar las sentencias de políticas y ponérselas por montera», anunciando que «no las van a acatar ni a cumplir porque han sido pronunciadas como si fueran sentencias políticas o consecuencia de alguna persecución política».

En este sentido, López Aguilar pidió «el mismo respeto por los tribunales de justicia que practica el Gobierno cuando se pronuncian en un sentido o en otro». Y subrayó que «el Gobierno demanda que quienes están todos los días llenándose la boca de falsas proclamas, tengan también respeto».

La presidenta del TC pide consenso

Por su parte, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, afirmó ayer que esta institución espera «confiada que se produzca un reforma consensuada porque creemos que la ley orgánica del TC es un desarrollo directo de la Constitución y eso exige el consenso de los partidos políticos», al tiempo que precisó que «necesitamos una ley con urgencia». Casas explicó, minutos antes de ofrecer una conferencia en el Colegio de Abogados de Valencia, que el TC «necesita una reforma para adaptar la institución a las exigencias del momento que está viviendo caracterizadas por una sobrecarga cuantitativa de asuntos que no deberían llegar al TC».

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