Elche será más restrictivo que el resto del Estado para evitar ruidos

El Ayuntamiento reduce el nivel de contaminación dentro de los pisos

M. SABUCO

Los promotores deberán presentar a partir de ahora estudios acústicos con los planes parciales y proyectos de urbanización

El Ayuntamiento de Elche será más restrictivo en materia de contaminación acústica que la legislación estatal y autonómica. Un informe jurídico del secretario de la Administración local ha determinado que los parámetros de ruido permisibles en el interior de las viviendas que marca la legislación vigente, 35 decibelios, pueden ser considerados como máximos y que, por tanto, es posible mantener los que estipula el Plan General de Ordenación Urbana, que en el caso de Elche los sitúa en 30 decibelios.

La concejal Ángeles Candela se mostraba ayer satisfecha porque «la propuesta que hicimos desde Esquerra Unida en la comisión de Urbanismo ha sido finalmente aceptada y se ha votado por unanimidad. La ley fija unas cifras y faculta a los ayuntamientos para regular los mapas sonoros en las ciudades».

Los grupos políticos municipales -PSOE, PP y EU- se reunieron ayer en una comisión extraordinaria de Urbanismo en la que dieron el visto bueno a la modificación de la ordenanza de edificación, que será aprobada el próximo lunes en la sesión plenaria de la Corporación ilicitana. La nueva normativa municipal permitirá al Ayuntamiento de Elche exigir a los promotores y urbanizadores la presentación de estudios acústicos en los desarrollos de viviendas, algo que ha sido considerado como muy positivo por parte del concejal de Urbanismo, Emilio Martínez. «A la hora de decidir la ordenación, los estudios acústicos serán una herramienta muy útil a tener en cuenta, ya que, quizás, junto a vías de mucho tránsito no sea lo más conveniente instalar vivienda si se puede ubicar otra actuación», indicó el concejal del PSOE, quien añadió que «con la decisión que hemos tomado hoy -por ayer- las zonas habitables de la vivienda se protegen más de lo que lo hace la legislación vigente».

El edil socialista manifestó que la intención municipal a la hora de solicitar el informe jurídico «era disponer de garantías jurídicas para que en el futuro no haya ningún tipo de problema. El secretario nos ha informado que la legislación deja autonomía a los municipios para fijar sus límites de contaminación acústica».

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