Acuerdo en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia para iniciar la tramitación del anteproyecto de ley para el `botellón`

César Hornero Méndez

EL pasado 18 de octubre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó "iniciar la tramitación del anteproyecto de ley que dará cobertura jurídica a los municipios andaluces frente al fenómeno del botellón ". La ley, que se denominará de "potestades administrativas en materia de actividades de ocio en espacios abiertos", no es todavía un proyecto, es un anteproyecto, o más bien un borrador.

Este modo de proceder es bastante habitual. Nuestros gobiernos, nacional y autonómicos, los de ahora y los de antes, emplean parte de su tiempo en anunciar lo que van a hacer. No debe extrañar, por tanto, que una ley, tan esperada como ésta, sea jaleada antes incluso de convertirse en anteproyecto. Esta difusión, que puede ser positiva, genera cierta confusión en la ciudadanía, a la que no se le aclara que las leyes las aprueban los parlamentos. Con independencia de que los ciudadanos tengamos derecho a conocer qué se está haciendo, en nuestro nombre y por nosotros, suele haber en este modo de proceder mucho de puesta en escena y un indisimulable propósito de emitir señales de que nos estamos ocupando del asunto (el que toque).

Sea como fuere, lo importante, entenderán muchos, es que esta ley va a ser promulgada. Habrá quien piense que con la misma tenemos ya la solución al botellón . Es comprensible si se trata de aquél que semana tras semana padece a quienes, sin tener nada mejor que hacer –ésta es precisamente una de las claves del asunto–, le impiden hasta altas horas de la madrugada conciliar el sueño y le dejan al día siguiente un recuerdo de porquerías y excrecencias varias. Creemos que esta ley, que ahora estudia el Gobierno andaluz, puede ser parte de la solución, no al problema, sino a parte del problema. El botellón , que quede claro, no es más que parte de éste. Y lo peor: tener una ley sobre el botellón o, mejor aún, para hacer bien el 'botellón' , no puede ser más que el indicio de que tenemos un problema bastante grave. Y es que, sean cuales sean los contenidos de esta ley, lo que merece una reflexión es el hecho mismo de su existencia, el que sea necesaria su promulgación.

En primer lugar, esta ley es la constatación de un fracaso. En el Derecho en general hay siempre al fondo un cierto fracaso. Es lo que corresponde a esa idea de las normas jurídicas como males necesarios en un mundo imperfecto. Por eso, nos parece poco discutible que la promulgación de esta ley dejará inevitablemente un cierto regusto a fracaso, a fracaso social y, por qué no decirlo, cierta sensación de ridículo –eso sí, ridículo también de todos–. Por mucho que el lenguaje nos permita denominarla ley de "potestades administrativas en materia de actividades de ocio en espacios abiertos", ésta no será más que la ley del botellón .

Que el legislador tenga que ocuparse de establecer dónde y de qué manera deben desenvolver su ocio unos ciudadanos no puede significar más que eso: fracaso y ridículo. El hecho de que no seamos capaces, como sociedad, de divertirnos civilizadamente, sin necesidad de recurrir a la autoridad para que nos controle, demuestra no sólo una evolución regresiva, sino también ese infantilismo, esa eterna adolescencia a la que hoy parecemos abocados. Si no somos aptos ni para esto de divertirnos, poco más se puede esperar de nosotros como sociedad.

La segunda reflexión que nos sugiere esta ley tiene que ver con otra de las características de nuestra modernidad. De un tiempo a esta parte una consigna parece instalada confortablemente entre nosotros: nadie es responsable de nada. Vivimos en un permanente escapismo de cualquier responsabilidad, tanto en la esfera privada como en la pública. A este respecto, hace años Manuel Cruz inició una interesante reflexión, en trabajos como Hacerse cargo o, antes, el sugerente ¿A quién pertenece lo ocurrido? Hoy, si se mira bien, no se sabe a quién pertenecen las consecuencias de determinados actos, a veces bastante graves, ni quién se hace cargo de ellos.

Esta ausencia de responsabilidad, propiciada hasta límites insospechados, no favorece en absoluto nuestro crecimiento ciudadano y nos condena a esa eterna infancia a la que antes aludíamos. Así las cosas, no debe extrañarnos que nadie se sienta responsable del botellón : ni el que así se divierte, ni los que tendrían que haberles educado en lo más elemental, ni esos municipios que se declaran irresponsables porque no cuentan con la suficiente cobertura legal.

Este planteamiento podrá parecer excesivamente pesimista. La ley, al fin y al cabo, puede ayudar a solucionar el problema inmediato, ese que se produce cada fin de semana en muchas calles de nuestras ciudades. Pero que nadie se engañe: esta ley es sólo un parche, dirigido a lo que se ve de un problema mayor. Es lo que Hobbes llamaría "un falso cimiento". Lo malo, como señalaba éste, es lo que puede suceder cuando los hombres construyen sobre falsos cimientos: cuanto más edifican, mayor es la ruina.

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