La fiscalía granadina insta al Consistorio a aplicar sus ordenanzas para evitar macrobotellones

El fiscal de Medio Ambiente concluye que no hubo delito -ni por dejadez municipal- en la concentración de 10.000 personas alrededor de la Plaza de Toros el día de la Cruz

Rocío Mendoza

El fiscal de Medio Ambiente de Granada insta al Ayuntamiento de Granada a aplicar las ordenanzas municipales vigentes para controlar y evitar macrobotellones como el registrado en los alrededores de la Plaza de Toros de Granada el día de la Cruz.

La Fiscalía, aunque reconoce que se debe ampliar y mejorar el marco legislativo para frenar este fenómeno e insiste en otras medidas de prevención y educación, también advierte a los responsables municipales de los instrumentos legales -ordenanzas- que la le permiten intervenir en esta materia.

De no hacerlo podrían incurrir, según la jurisprudencia reciente, en un delito contra el medio ambiente por omisión. Por ello, invita al Consistorio, «que deben garantizar la tranquilidad de los vecinos de las zonas afectadas», a que realice un replanteamiento profundo del tema y aplique los instrumentos que, por ahora y mientras son ampliados, tiene en su mano.

Esta reflexión del fiscal de Medio Ambiente de Granada se incluye en un decreto que cierra la investigación realizada por el Ministerio Público tras la concentración de 10.000 personas en los alrededores de la Plaza de Toros el día de la Cruz, que causó una grave alteración en la capital granadina: molestó a los enfermos ingresados en los hospitales de los alrededores y puso al límite a los servicios municipales de la ciudad para controlar el caos de tráfico.

Público y privado

La Fiscalía estudió los perfiles de lo acontecido el pasado mes de mayo para determinar su hubo conducta penal por parte del Ayuntamiento por omisión -dejadez de funciones- o por el dueño un bar de la zona que, según se sospechó en un principio, pudo convocar la fiesta.

Pero concluye, según el decreto de archivo facilitado ayer a IDEAL, que ninguno de los dos delinquió en el papel que jugaron aquel día festivo.

Por una parte, descartan que el local fuese el organizador de la fiesta, ya que sí tenía un cartel donde la anunciaba, pero se refería al interior del local, no al aire libre. Uno de los datos claves para eximir al dueño del bar de toda responsabilidad es que en el anuncio se especificaba el aforo limitado de la convocatoria. Así se descarta que su intención fuese convocar a la masa. En lo que se refiere al Ayuntamiento, concluye que aquel día del mes de mayo no delinquió por omisión ya que «la Policía Local, desbordada por el problema planteado, actuó tratando de resolver la situación como pudo, buscando soluciones alternativas al tráfico y tratando de paliar el acceso a los centros sanitarios de la zona para evitar problemas mayores». Finalmente, la Fiscalía concluye en su decreto que «la aglomeración de personas fue algo casual», que no se puede atribuir a ninguna persona.

El estudio de lo ocurrido el día de la Cruz, que enfrento a administración local y autonómica en un debate de competencias, también ha servido al fiscal de Medio Ambiente para realizar una reflexión en este sentido.

Participación activa

Insiste en que el Ayuntamiento tiene armas de 'batalla' a través de sus ordenanzas en materia de ruido, tráfico y limpieza, pero insta al «perfeccionamiento y desarrollo de los instrumentos legislativos para ampliar aún más sus competencias». Y cita las inciativas de la Comunidad de Madrid y Extremadura en esta materia.

En cuanto a Andalucía, refiere el decreto que «no podemos olvidar que la futura normativa medioambiental que, sobre esta materia, se desarrolle en Andalucía puede establecer obligaciones activas para las administraciones que contribuyan a una solución más efectiva del problema». De este modo, insta también a la Junta a regular.

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