"Que no nos torturen en nuestro propio domicilio"

Bajamar envía cartas de queja al Consistorio, Fiscalía y Defensor del Pueblo. Denuncian que el evento "carece de la más mínima tradición histórica" y "presunta prevaricación por omisión"

DELEGACIÓN

Una imagen de la concentración motera, en la que el ruido y la condución peligrosa suelen ser la tónica./ FITO CARRETO

Vecinos residentes en la avenida de la Bajamar han enviado cartas de protesta a distintos organismos para denunciar los excesos que se producen durante la motorada, a la que el Ayuntamiento ha bautizado con el nombre de 'La Gran fiesta del Mundial 2005'. Los vecinos han querido manifestar que este acontecimiento motero "carece de la más mínima tradición histórica" y que los gobernantes "están teniendo en consideración preferentemente otros intereses ajenos a los ciudadanos de El Puerto, antes que los derechos a la salud, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, la seguridad o medio ambiente adecuado". Los afectados critican que durante estos días "se obliga a muchos vecinos de El Puerto a tener que dejar la ciudad y sus propias casas en beneficio de otros oligopolios", y se preguntan si no se podría trasladar las actividades a zonas no residenciales. Los vecinos anuncian que interpondrán frente a El Ayuntamiento de El Puerto "todas las acciones que el derecho permita". Además, piden a las autoridades que pongan los medios "para que no nos torturen en nuestro propio domicilio", ya que dentro de las casas se llega a sufrir ruido ininterrumpido superior a los 80 decibelios. Reclaman igualmente a los partidos políticos "que aclaren sus posturas en cuanto a la motorada". Estas cuestiones han denunciado mediante un escrito en el Ayuntamiento, incidiendo en que se producen "gravísimos efectos a la salud y al derecho fundamental a la intimidad, inviolabilidad del domicilio y medio ambiente".

De igual forma, proponen que se traslade la concentración motera a más de 1.000 metros de las viviendas de Bajamar, llegando a instar al Ayuntamiento a que indemnice a los afectados "en vista de que prevalece el interés económico de algunos empresarios sobre los derechos fundamentales del ciudadano".

En el escrito llegan a calificar la actitud del Ayuntamiento como "prevaricación por omisión". También han remitido carta de queja al Defensor del Pueblo para que investigue la motorada. La misma carta ha sido enviada a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, instándole a que realicen "mediciones sonométricas" y a investigar por si los hechos "pudieran ser constitutivos de un delito contra la salud, delito ecológico o de prevaricación por omisión del deber de socorro". Las mismas quejas han sido presentadas ante la delegación de Medio Ambiente y ante el Seprona de la Guardia Civil.

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