La Diputación rechaza pedir a la Junta una ley del botellón

El PSOE argumentó que los municipios ya cuentan con una normativa sancionadora y reprochó al PP, que contó con el respaldo de IU, que intente utilizar el problema como "arma arrojadiza"

ÁLVARO CALLEJA

El diputado socialista del Área Metropolitana y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Granada, José María Rueda, consideró que la iniciativa que presentó el diputado del PP, Antonio Granados, y que sólo respaldó IU, está en la línea de las reclamaciones que ha venido realizando el alcalde de Granada, José Torres Hurtado –impulsor del encuentro en Antequera de alcaldes de las capitales andaluzas– para que los ayuntamientos puedan "escaquearse y eludir su responsabilidad política" en el problema del botellón.

Rueda argumentó que los municipios ya cuentan con una normativa sancionadora para hacer frente al botellón aunque se mostró partidario de que cualquier decisión se adopte en el seno del foro que ha impulsado la Consejería de Gobernación, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en lugar de "pasar el muerto" a la Junta. El diputado socialista recordó que el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, anterior delegado del Gobierno en Andalucía, señalaba en 2002 que el botellón era competencia exclusiva de los ayuntamientos, circunstancia que contrasta con su posición actual de solicitar una ley autonómica, por lo que consideró que el PP "no está intentando solucionar el problema sino buscando un nuevo tema de confrontación".

"Existe cobertura legal para que los ayuntamientos afectados apliquen medidas sancionadoras", precisó el diputado socialista, quien cree que el problema del botellón "es un tema más de educación y civismo que de leyes".

Granados replicó que la futura ley no debe caracterizarse por su "espíritu coercitivo" sino por plantear un plan de ocio alternativo que financie la Junta de Andalucía.

El dirigente popular insistió en que la Junta de Andalucía debe legislar en materia de botellón y apoyó su argumento en la última memoria anual que presentó la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y en la que se subraya que los ayuntamientos no pueden asumir las competencias sin financiación.

Por su parte, el diputado provincial de IU, Miguel Fernández Almenara, reprochó tanto al PSOE como al PP que "utilicen los problemas como arma arrojadiza en lugar de mostrar voluntad de entendimiento y sentido común".

La mayoría socialista impidió que la iniciativa del PP, pese a contar con el apoyo de los dos diputados de IU, saliera adelante. El resultado de la votación se repitió en otros puntos del orden del día como sucedió con las mociones del PP e IU para incrementar el número de plazas del servicio de guarderías infantiles. Ambas fueron rechazadas por el PSOE.

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