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Granada, 16/06/05
Vecinos piden a la justicia ayuda contra el 'botellón'
Ocho asociaciones denuncian ante el TSJA a las autoridades y funcionarios que «hayan podido incumplir algunas obligaciones inherentes a sus cargos
Begoña Damián Han recurrido al alcalde, a la Junta, al subdelegado del Gobierno, al Defensor del Pueblo... Hartos de que las «autoridades mareen la perdiz» han decidido tomar cartas en el asunto. Ocho asociaciones han acudido a la justicia «ante la pasividad con la que las autoridades actúan frente al botellón», según explicó el presidente de la asociación de vecinos del Bajo Albaicín, Manuel Navarro.
En representación de más de 70.000 habitantes de la capital, han presentado un escrito ante el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) denunciando «situaciones que supusieron una gravísima y continua alteración del orden público», citando expresamente los botellones de la Fiesta de la Primavera y de las Cruces.
Según el escrito, al que ha tenido acceso 20 Minutos, «miles de ciudadanos vieron vulnerados sus derechos fundamentales», por lo que solicitan a la Fiscalía del TSJA la apertura de «las diligencias que sean necesarias para determinar si alguna autoridad o funcionario público ha podido incurrir en responsabilidad penal». A juicio de estos colectivos (AA VV del Realejo, Bajo Albaicín, Plaza de Toros, Granada Contra el Ruido, Afectados por las Fiestas del Zaidín, Plataforma Granada Viva, Mujeres por Granada y Asociación de Comerciantes de Plaza Nueva-Elvira) «existen indicios de que las autoridades, o funcionarios a sus órdenes, hayan podido incumplir obligaciones inherentes a sus cargos».
Señalan al Ayuntamiento «por no hacer cumplir la ordenanza» y a la Subdelegación del Gobierno «por la dejadez de sus funciones en cuanto a seguridad pública».
No sería la primera vez que...
La justicia da la razón a los vecinos afectados por la movida y sanciona al Gobierno local. Ya ocurrió en Cartagena (Murcia) donde el Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento por permitir a un bar emitir ruidos superiores a 30 dB durante dos años. Además, hace más de un mes, el fiscal jefe, Jesús Calderón, subrayó que el Código Penal recoge la «prevaricación omisiva para las autoridades que toleren reiterados incumplimientos de la normativa medioambiental».
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