Jueces y abogados, en contra de criminalizar la 'botellona'

Jorge Muñoz

El presidente de la Audiencia de Sevilla, el magistrado Miguel Carmona, explicó ayer que está de acuerdo con los responsables municipales en que los jueces deben aplicar la ley, pero precisa que a esta afirmación le falta añadir que "deben aplicar la ley en los procesos para los sean competentes". Según Miguel Carmona, los jueces "no tienen competencias en materia de seguridad ciudadana y de orden público y, por tanto, deben resolver conforme a derecho aplicando el ordenamiento jurídico, siempre que se planteen en el proceso correspondiente".

En la misma línea se pronuncia el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, quien se muestra rotundo al afirmar que el orden público y la forma de garantizarlo "no son competencia de los jueces". El magistrado, que es miembro de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, subraya que los jueces de instrucción de la ciudad intervendrán en las botellonas, a instancias de la Policía y de la Fiscalía, "cuando se haya producido un hecho delictivo", pero, a la hora de evitar que estos delitos se cometan y de garantizar el orden público, la competencia recae "en la autoridad administrativa y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Para el decano, los jueces no son los garantes de que el orden público se mantenga, "sólo intervienen una vez que se ha producido el delito, al igual que los jueces no imponen el recorrido de una manifestación ni el despliegue de las Fuerzas de Seguridad". "La Justicia actúa frente al hecho delictivo y para su investigación, no para prevenirlo", concluye.

Las manifestaciones de los responsables municipales, a las que se suman las realizadas la semana pasada por la consejera de Igualdad de la Junta, Micaela Navarro, quien pidió que las botellonas fuesen tratadas como altercados de orden público, también han sido criticadas desde las principales asociaciones de jueces y magistrados. El secretario de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía, Rafael Tirado, consideró ayer que los comportamientos o fenómenos colectivos como la botellona que congregó a 8.000 jóvenes en Reina Mercedes "no se combaten desde el Código Penal, sino sentándose a dialogar y ofreciendo alternativas". El portavoz de la APM, asociación conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, precisó que la solución a esta problemática no es fácil, "pero la imaginación y el compromiso son más poderosos y eficaces que criminalizar estas conductas o la represión de actos colectivos de esta naturaleza".

A juicio de Rafael Tirado, únicamente cuando se produce una vulneración o menosprecio de derechos fundamentales o bienes jurídicos penalmente relevantes y por personas concretas es cuando los jueces "pueden y deben actuar, pero siembre bajo la existencia de una previa denuncia o una actuación policial, no por iniciativa del juez". Desde la APM se recuerda, además, que se trata de "jóvenes que pueden ser nuestros hijos" y por eso hay que preguntarse sobre el origen de este fenómeno y la forma de evitarlo. "¿Vamos a meter en la cárcel a todos los jóvenes que se concentraron en Reina Mercedes?", se cuestiona el magistrado.

Por su parte, la sección de Andalucía Occidental de la asociación progresista de Jueces para la Democracia (JpD) recordó ayer que los jueces y tribunales carecen de competencia alguna en materia de seguridad ciudadana y de orden público, funciones que corresponden al poder ejecutivo, por lo que resulta un "desafuero desviar la posible responsabilidad que pesa sobre el Ayuntamiento a otros poderes del Estado, en concreto a jueces y tribunales".

Para JpD, esta ausencia de competencia se produce sin perjuicio de que los jueces "actúen cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado o los miembros de la Policía Local les presenten atestados de los que se pueda derivar la responsabilidad penal de un ciudadano". En todo caso, esta asociación asegura que "garantizar la paz ciudadana y el orden público en las calles de nuestra ciudad no corresponde a los jueces y tribunales y sí a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Policía Local". JpD recuerda que la Constitución dispone que las Fuerzas de Seguridad tienen como misión garantizar la seguridad ciudadana, mientras que el artículo 41 del Régimen jurídico de las entidades locales confiere al alcade la dirección de la "Policía urbana, rural, sanitaria, de subsistencia, de seguridad y el ejercicio de la jefatura directa de la policía municipal".

Las declaraciones de los responsables políticos también han suscitado las críticas desde la abogacía. El decano de los abogados, José Joaquín Gallardo, calificó de "absurdo intentar judicializar un fenómeno cívico o incívico que claramente es competencia de la autoridad municipal". En opinión de Gallardo, el fenómeno de la botellona no es en principio un hecho delictivo "y, consecuentemente, nada pueden investigar los jueces".

"La actitud de los políticos es un intento manifiesto y descabellado de derivar su propia incapacidad para afrontar esta problemática hacia un poder que es incompetente para entender de esas concentraciones lúdicas de ciudadanos" porque, añade el decano, "velar por el uso adecuado de las vías y su uso normal es competencia municipal".

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