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Sevilla, 22/02/05
La patata caliente de las 'botellonas'
LA Junta y el Ayuntamiento tratan de trasladarle a la Justicia la patata caliente de las botellonas, a raíz de la toma de calles colindantes a Reina Mercedes por una multitud que generó once toneladas de basuras. La consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, ha pedido que los organizadores de estas concentraciones sean equiparados a alborotadores del orden público, y el delegado municipal de Gobernación, Francisco Fernández, ha animado a los vecinos a que acudan a los tribunales porque –asevera– la ley debe aplicarla un juez y el Ayuntamiento ha de limitarse a garantizar el normal funcionamiento de la ciudad.Ésa es, justamente, la cuestión: que los jueces no tienen instrumentos legales que aplicar al caso, pues las botellonas no pueden englobarse hoy por hoy bajo lo estipulado en el artículo 557 del Código Penal. Y en este punto cabe recordarle a la Junta que fue ella misma la que en su día se negó a penalizar el consumo de alcohol en la calle, cuando en otras comunidades autónomas se sanciona con 600 euros, de ahí que la Fiscalía únicamente pueda actuar cuando media una venta de bebidas a menores. Por tanto, si se quiere una ley antibotellona, basta con que la apruebe el Parlamento andaluz, pero, claro, ni la Junta, ni el Ayuntamiento que hace campaña en pro del voto a los 16 años quieren asumir desgaste político alguno ante el sector juvenil.
Dicho esto, sorprende que el Ayuntamiento diga ahora que no supo qué hacer porque la macrobotellona fue "espontánea", cuando todo el mundo sabía que estaba convocada para el jueves y hasta montó un dispositivo previo para facilitarla al, por ejemplo, cortar el tráfico entre Reina Mercedes y La Raza. ¿No iba a aplicar una política preventiva mediante Lipasam (baldeos con zotal) y la Policía Local (vallado y prohibición de acceso, como en la plaza Cristo de Burgos)? ¿Por qué no lo hizo en este caso? Si hubiera instado a los concentrados a que circularan en vez de consentir que ocuparan la vía pública y aquéllos se hubieran negado, podría haber invocado una falta por desobediencia a la autoridad y en tal caso hubiera podido hacer lo que les pide a los vecinos que hagan ellos en su lugar: llevarlos ante la Justicia. Porque, ¿no dice el delegado que la misión del Ayuntamiento consiste en garantizar el normal funcionamiento de la ciudad?
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