El gobierno insta a los vecinos a denunciar la 'botellona' ante el juez

El edil de Gobernación (PSOE) afirma no tener capacidad para disolver mientras que el de Juventud (IU) tilda estas fiestas de "ocupación ilegal" y pide la aplicación de la ley

Claudio J. Castillo

En esta misma línea se expresó ayer el delegado de Gobernación, Francisco Fernández (PSOE), quien animó a los ciudadanos a denunciar en los tribunales la celebración de botellonas "porque es el juez quien debe aplicar la ley", al tiempo que reconoció que el Ayuntamiento "no tiene capacidad para actuar contra una masa de 8.000 jóvenes", por lo que avanzó que "mientras que yo esté al cargo de Gobernación no enviaré tanquetas y caños de agua a presión para disolver la concentración como le hubiera gustado al PP".

Para Fernández, la recomendación de la vía de los tribunales a los ciudadanos se sostiene por la incapacidad de maniobra del Consistorio y por los problemas legales de la botellona, ya que, recordó, "carece de organizadores y es el juez quien debe actuar sobre aquellos que convoquen la fiesta mediante mensajes a través de teléfonos móviles y correos electrónicos".

En este punto, aludió a la imposibilidad de disolver a los 8.000 jóvenes concentrados el pasado jueves entre las facultades de Biología y Farmacia, por lo que defendió la actuación del Consistorio para "garantizar la seguridad de los concentrados" y que "las arterias de comunicación de Reina Mercedes y La Raza no se vieran afectadas", además de activar los dispositivos sanitarios y de limpieza.

Fernández, que recalcó que no comparte este ocio, se negó a desarrollar "disoluciones a la antigua usanza, desmedidas y desproporcionadas". Frente a ello, abogó por la necesidad de "buscar un espacio que acoja este tipo de concentraciones espontáneas sin perturbar la normalidad de la vida de la ciudad", y volvió a aludir a la actitud de la oposición municipal "por la instrumentalización torticera que hace de este tema".

Porque lo que vaticinó el edil socialista fue que "en cuanto el clima lo permita, los jóvenes van a seguir celebrando este tipo de fiestas", motivo por el que instó a habilitar un espacio específico para ello "sin hipocresía ni falacias".

Francisco Fernández, quien dijo ayer a mediodía que no había recibido aún llamada alguna por parte de la Hispalense, dijo que haría saber al vicerrector de Estudiantes, Pedro Núñez, que "a mi entender, fue un error la orden de cerrar el campus universitario el pasado jueves, ya que ése hubiese sido un buen sitio donde los jóvenes hubiesen estado más controlados y sin ocupar la vía pública".

Frente a esta tesis, en cambio, se pronunció ayer la otra parte del gobierno local por boca del delegado de Juventud, Francisco Manuel Silva (IU), quien tildó la botellona de "ocupación ilegal de la vía pública" y abogó por tratarla "como tal y conforme a la ley", incluso con posibles disoluciones.

Silva fue tajante. "Tres celulares y unas puertas cerradas no combaten, entre comillas, una concentración de jóvenes", opinó el delegado de Juventud, quien calificó la botellona del jueves como "una situación de intoxicación etílica desmedida" y la censuró arguyendo que "no se puede alterar la vida de los ciudadanos todos los jueves o viernes porque se hayan terminando los exámenes".

Asimismo, Francisco Manuel Silva recordó que a partir de ahora todas las fiestas y celebraciones en facultades que tengan lugar serán "ocupaciones ilegales", ya que la Hispalense ha dado orden de suspender todas las barriladas que estaban programadas esta primavera. En el caso de la macrofiesta acontecida el pasado jueves, Silva dijo que tanto la Universidad como la Delegación del Gobierno conocían la convocatoria desde el 1 de febrero, fecha en que el Ayuntamiento les dio el aviso.

La portavoz del PA, Paola Vivancos, arremetió ayer contra el alcalde por "animar a denunciar en los tribunales lo que él es incapaz de resolver, ya que sigue mirando las nubes sin aplicar las ordenanzas, sin reunir la Mesa por la Convivencia y sin recibir a la Plataforma por el Descanso".

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