El Ayuntamiento de Valencia pagará 150.000 a una familia por los ruidos de una discoteca

Los afectados vendieron su piso en Germanías por debajo del precio de tasación

PACO MORENO

El fallo está precedido por quince folios de apretado texto y es que el recorrido judicial ha sido largo, según indicó ayer el abogado que representa los intereses de dicho vecino, Joaquín Morey.

El letrado informó a LAS PROVINCIAS que a partir de octubre de 1999, los demandantes notaron en su domicilio “molestias sonoras provenientes de la discoteca Bachata 3, ubicada en el bajo del edificio contiguo, en el número 31 de la Gran Vía Germanías”.

A partir de esa fecha, incontables llamadas a la Policía Local y denuncias presentadas en el Ayuntamiento, tanto por los ruidos como por la ampliación del local con la planta baja colindante.

Morey comentó que la sentencia es susceptible de recurso en el Tribunal Supremo. A la espera de lo que decida el gobierno municipal, todavía no se puede pedir la ejecución del fallo, y por lo tanto el cobro del dinero. La Administración no ha sido condenada en costas, al entender el tribunal que no ha habido mala fe en sus actuaciones.

Cifra récord de indemnización

Los 150.000 euros suponen un récord en este tipo de sentencias por ruidos, según comentó Morey. El Ayuntamiento no se había enfrentado de momento a una cifra tan elevada y los antecedentes más próximos llega a los 18.000 euros.

El caso es que el servicio de Actividades dictó una resolución el 30 de octubre de 2000 declarando la suspensión provisional de la licencia de apertura y ordenando el cese inmediato de la actividad. El informe técnico citaba la realización de obras ilegales y la falta de un limitador de sonido. En la sentencia se habla de esta actuación con un varapalo para el gobierno municipal, al indicar que no se practicó “medida alguna por el Ayuntamiento de Valencia encaminada a la exacta ejecución de dicha resolución”.

Finalmente, el vecino decidió vender la vivienda, que fue tasada por una inmobiliaria junto con el garaje en 263.052 euros, si bien hubo “de venderla por el importe inferior de 191.957 euros, en concreto a otro vecino del inmueble, para destinarla a despacho”. En los fundamentos de derecho, el tribunal habla de una actuación “superficial” por parte del Ayuntamiento respecto al cierre de la discoteca, lo que también ha sido citado en otras sentencias.

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