El fiscal acusa a dos menores de agredir sexualmente a una niña ebria en un botellón

Uno de los chicos también será procesado por abusar, supuestamente, de otra muchacha en una discoteca durante una velada para adolescentes

C. MORÁN

La resaca fue de pesadilla. La fiesta acabó entre las urgencias y comisaría. La Fiscalía de Granada va a sentar en el banquillo a dos adolescentes a los que acusa de agredir sexualmente a una menor durante un botellón que tenía lugar en las inmediaciones del centro de la ciudad.

La víctima, que, al parecer, estaba ebria y tuvo que ser atendida en los servicios sanitarios tras el ultraje, bebía alcohol en la calle junto a otras amigas -alguna de las cuales llegó a sufrir un coma etílico-, cuando se acercaron a ellas los dos menores procesados.

Los chavales se integraron en el grupo y, en un momento dado, llevaron a un lugar apartado a la chica. Mientras reían, los acusados arrojaron al suelo a la chica, le despojaron de los pantalones y la sometieron a tocamientos. La muchacha comenzó a vomitar y sólo entonces los acosadores la dejaron en paz.

¿Droga en la bebida?

El suceso ocurrió el pasado año en uno de los botellones que suelen proliferar en los aledaños del centro de la capital granadina -y que tantos quebraderos de cabeza causan a los vecinos y a las autoridades-.

La víctima dijo estar convencida de que los sospechosos habían vertido alguna droga en su bebida, lo que le habría provocado un estado de cercano a la inconsciencia. Supuestamente, los agresores se aprovecharon de esa circunstancia para abusar de la adolescente.

Uno de los imputados también está acusado de haber agredido sexualmente a otra muchacha en una discoteca de la capital, al parecer, durante una fiesta exclusiva para menores -una de esas veladas en las que el consumo de alcohol está totalmente prohibido-.

El procesado, según la acusación, se abalanzó sobre la víctima, la tumbó encima de un sillón y la manoseó. La Fiscalía solicita para uno de los dos presuntos autores de las agresiones sexuales una pena de internamiento de dos años. Para el otro, la petición es ligeramente más baja: un año y seis meses de encierro en un correccional.

Además, el Ministerio Público quiere que sean obligados a acudir a cursos para controlar su agresividad sexual.

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