Hernán: "El bando no es una decisión unipersonal"

El alcalde portuense dice que es "un extracto de la Junta de Seguridad", anuncia que recurrirá e intenta desacreditar al vecino denunciante

CARLOS BENJUMEDA

El alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, ha replicado a la sentencia del TSJA que le declara incompetente para decidir mediante un bando en 2001 (que es declarado nulo por el fallo judicial) cómo se debe organizar la motorada, y que además obliga al Ayuntamiento a indemnizar al denunciante José Antonio Navalón, con la cantidad de 769 euros en concepto de "daños morales" y por los pagos que tuvo que hacer para marcharse de la ciudad a una pensión en esos días.

La sentencia reconoce además el exceso de ruidos que se produce y la falta de medidas del Ayuntamiento para combatirlos, así como la vulneración de derechos constitucionales de los vecinos.

En su réplica a la sentencia, el alcalde señala que el bando declarado como nulo de pleno derecho "no es más que un extracto de lo acordado por la junta local de seguridad celebrada en abril, de aquel mismo año, a la que asistieron subdelegación del Gobierno, Guardia Civil, Policía Nacional, el comisarios provincial y de la ciudad, Policía Local, e inspector jefe de la Brigada de Policía Judicial, además de los representantes de todos los organismos y departamentos municipales y provinciales, implicados en la celebración de la llamada 'motorada', así como representantes de los partidos PP, IU, PSOE y PA".

El alcalde portuense insiste en que el bando "es sólo un reflejo del acta de la junta de seguridad y no es ningún documento ejecutivo". Hernán Díaz afirma que "se trata tan sólo de una comunicación que se hace extender por toda la ciudad, en la que se recogen las medidas de seguridad que se toman ante la llegada de motociclistas".

El alcalde incide en que la Junta Local es un órgano en el que están representados todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en este sentido ha querido manifestar que lo recogido en el bando "nunca es una decisión unipersonal, ya que precisamente en el caso de dicho bando, todo lo que se aprueba es por unanimidad de todos los miembros de la Junta Local de Seguridad, compuesta por más de 30 representantes".

El alcalde ha anunciado que, aunque la sentencia indique que contra el fallo no cabe recurso alguno, "los abogados municipales interpondrán un recurso contra la misma". También ha adelantado que enviará un escrito al delegado del Gobierno, adjuntándole el acuerdo de la Junta de Seguridad de 2001 y la sentencia, "para adoptar una decisión de cara al próximo Campeonato Mundial de Motociclismo, prohibiendo la entrada de motos a la ciudad".

En este sentido, ha asegurado que "el hecho de hacer entrar a los vehículos de dos ruedas por Pozos Dulces tenía como objetivo canalizar la entrada de motos por el recorrido más corto, ya que quieren llegar a la Ribera del Marisco y la Ribera del Río, y se pretendía evitar que el resto de arterias quedaran colapsadas".

Finalmente, Hernán Díaz ha intentado desacreditar al denunciante, José Antonio Navalón, acusándole de no haber justificado unas cantidades económicas procedentes de una subvención recibida por la asociación de vecinos del Casco Histórico, de la que fue presidente y que en su momento realizó varias campañas de concienciación contra el ruido.

El alcalde asegura que el cobro de esas cantidades "nunca se justificó" y que se encuentra en vía ejecutiva: "Este señor –dice Hernán Díaz– se dio en su día de baja del padrón, por lo que no ha sido posible conocer su paradero, aunque con la resolución de la sentencia se podrá saber dónde se encuentra para poder reclamarle la devolución de la subvención que recibió". El portavoz del PP, Aurelio Sánchez, ha manifestado respecto a la sentencia que "una vez más se demuestra la falta de diálogo y el caciquismo de Hernán Díaz". Sánchez ha recordado que cada año su grupo, con meses de antelación, presenta mociones a Pleno "recordando la necesidad de crear una Mesa para consensuar el desarrollo de la motorada, donde se diera participación a los vecinos". No obstante, añade, "hasta ahora el alcalde se ha extralimitado en decidir, él solito , lo que los vecinos debían o no soportar, con una actuación que el TSJA considera que no es actuar conforme a ley". Por último lamentó el popular que "no podamos tratar este tema en el Pleno de enero, pero exigimos que se haga la Ordenanza específica que se necesita".

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