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Zamora, 30/04/05
La denuncia podría llegar al Supremo, al ser aforado

El juez apunta al alcalde como principal responsable en la querella por los ruidos

El instructor ve indicios de irregularidades en la inspección y sanción en materia medioambiental, competencia que asigna Antonio Vázquez
S. Arizaga
El Tribunal Supremo podría tener que resolver La querella por ruidos después de que el juez que investiga la denuncia haya apuntado directamente al alcalde de Zamora, Antonio Vázquez, como «responsable último en materia de ruidos y protección medioambiental», área en la que el magistrado señala «posible existencia de irregularidades en la actividad inspectora y sancionadora».

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la capital decidirá la remisión del asunto al Supremo cuando los querellantes, la Asociación Afectados por Ruidos (Afaruza), y el resto de las partes personadas en la causa se pronuncien sobre la falta de competencia del Juzgado de Instrucción, al ser el alcalde senador y disfrutar de la condición de aforado.

Desde Afaruza no se ha dejado lugar a dudas sobre la postura de sus representados, dispuestos a que el caso llegue al Alto Tribunal, si bien piden «que la instrucción de la causa se concluya en Zamora para evitar que se dilaten las actuaciones».

Por lo demás, «nos parece bien que todo el asunto acabe en el Supremo porque el alcalde es senador, pero antes que se mire bien quién ha instruido los expedientes de cierre por ruidos y que se exija toda la documentación del Ayuntamiento de Zamora».

Conscientes de que en la instancia judicial de Madrid los procedimientos pueden tardar años en resolverse, los socios de Afaruza quieren que el juez de Zamora sea quien termine toda la investigación, lo que implicaría adelantar trabajo a los magistrados del Supremo, que sería el órgano encargado de dictar sentencia o archivar el asunto.

«Sin poder descansar»
Mientras denuncian la falta de diligencia del Ayuntamiento de la capital, que aún no ha enviado todos los documentos requeridos por el juez a petición de los denunciantes, los integrantes de Afaruza subrayan que «confiamos en la justicia y la buena diligencia del procedimiento, ya que seguimos sin poder descansar la mayor parte de los fines de semana».

La querella impulsada por la Asociación de Afectados por Ruido acusa a los responsables del Ayuntamiento, en este caso al alcalde, de dejación de funciones, prevaricación y delitos contra el medioambiente al considerar que desde la institución local no se ha observado el cumplimiento de la Ley en lo que a nivel de ruidos permitido se refiere en pubs, cafeterías, discotecas y discobares. La denuncia se refiere principalmente a las inmediaciones de la Plaza Mayor, donde se concentra la "marcha" nocturna. Los vecinos que ahora impulsan la querella realizaron, recuerdan, numerosas quejas y peticiones de medición de decibelios ante la Policía Municipal, quejas que fueron tramitadas pero, según indican en sus declaraciones, no terminaban en el cierre de los locales cuando era preceptivo. «Mantuvimos, ya como asociación, reuniones con el alcalde sin que se solucionaran los problemas expuestos», subrayan.

Los afectados relataron también en su día y en el escrito de denuncia cómo algunos establecimientos no llegaban a ser sancionados. En su providencia el magistrado dice textualmente que «toda vez que, de lo actuado hasta ahora, se desprende la posible existencia de irregularidades en la actividad inspectora y sancionadora del Ayuntamiento de Zamora en materia de ruidos y protección ambiental; y en cuanto de conformidad con la ley la responsabilidad última en esta materia recae sobre el alcalde de esta localidad como máximo responsable del Ayuntamiento, alcalde contra el que se ha dirigido la querella, dése traslado al fiscal y las partes personadas con el objeto de que manifiesten lo que crean oportuno sobre la falta de competencia de este juzgado al ostentar dicho alcalde, Antonio Vázquez Jiménez, el cargo de senador».

Datos sobre qué funcionarios tramitaban los cierres
El magistrado del Juzgado número 3 ha pedido al Ayuntamiento que el secretario general de esta institución certifique una relación de «funcionarios que instruyeron los expedientes por ruidos y, en concreto, quién tramitaba los expedientes cuando se entendía que procedía el cierre de los establecimientos». Asimismo, pregunta «cuántos -expedientes- se han instruido, cuántos se han resuelto, cuántos han caducado y cuántos han prescrito». Admite, con ello, las pruebas que el abogado de la Asociación de Familias Afectadas por Ruidos (Afaruza) solicitó tras la comparecencia del último testigo: la funcionaria encargada de tramitar expedientes, que a las preguntas realizadas respondió que el cierre de los locales sancionados no era de su competencia, sino del área de Urbanismo.

Por último, en el mismo escrito el magistrado comunica a las partes que ha citado para el día 11 de mayo al jefe de la Policía Municipal para que comparezca como testigo, tal y como pidió la parte querellante, puesto que la medición de ruidos y las denuncias por exceder los mínimos permitidos por la Ley las realizan los policías municipales.

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