La Fiscalía aboga por la redacción de una ley específica para el 'botellón'

Jesús García Calderón subraya los efectos negativos con el concepto de "contaminación múltiple", ya que se generan residuos, ruidos y daño visual

Y. Huertas

María de la Cruz 'macrobotellón'. Jóvenes, en la última fiesta de la primavera celebrada en Granada.

Los ruidos, olores y desperdicios que genera el denominado botellón, tan odiada por unos como venerada por otros, también han llegado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El fiscal jefe, Jesús García Calderón, ha decidido agregar este fenómeno social al elenco de asuntos de actualidad que somete a análisis en la memoria anual de la Fiscalía andaluza correspondiente a 2004, algo que hiciera ya años atrás su predecesor en el cargo, Luis Portero, asesinado por ETA, al criticar en sus últimos balances anuales las agresiones medioambientales de la movida y apostar por el endurecimiento de las medidas legales.

García Calderón apuesta por la elaboración de una ley específica para el botellón, "una legislación de corte medioambiental que obligue al ejercicio de una tutela adecuada por parte de la administración pública, primordialmente de la local", esto es, de los Ayuntamientos.

El fenómeno está adquiriendo unas dimensiones "muy preocupantes" en opinión del fiscal jefe, que se refiere a sus efectos negativos con un concepto novedoso: "Contaminación múltiple". Este tipo de contaminación, a su parecer, está teniendo lugar con demasiada frecuencia "cuando se utiliza de forma masiva la vía pública como lugar de esparcimiento juvenil en los conocidos habitualmente como macrobotellones".

Y es una contaminación medioambiental mútliple porque, como aclara García Calderón, "engloba todas las formas conocidas de contaminación al generar grandes cantidades de residuos, ruidos insoportables para la ciudadanía y hasta formas de contaminación visual".

Ya no se trata de debatir sobre el derecho de los vecinos al descanso y el que tienen los jóvenes a divertirse, pues el fenómeno "lamentablemente está empezando a incidir de forma apreciable en algunas formas de criminalidad", señala García Calderón.

La lista no es corta. En su repaso, el fiscal jefe habla, en primer lugar, de "consumo masivo de hachís, alcohol y otras sustancias, muchas veces entre menores que requieren tratamiento médico inmediato".

A veces, además, determinados jóvenes ocasionan daños a empresarios de hostelería "con rotura de cristales y situaciones no deseadas de cierre para preservar la integridad de sus negocios".

También son frecuentes, como se resalta en la memoria de la Fiscalía del Tribual Superior de Justicia de Andalucía, los altercados con vigilantes de seguridad privada o agentes policiales que acuden a dispersar las concentraciones o a recriminar alguna conducta poco cívica.

Tampoco hay que olvidar, indica el responsable de la Fiscalía andaluza, las "agresiones" que se producen por culpa de la ingesta excesiva de alcohol o los daños en lugares de gran valor histórico. Lógicamente, en la lista del Ministerio Público no podían faltar los delitos contra la seguridad del tráfico que se cometen también por culpa de las copas, esto es, los numerosos casos de conducción alcohólica con toda clase de resultados lesivos.

El debate social sobre el fenómeno ha de ser ahora más profundo que nunca, según la Fiscalía, que entiende necesaria la búsqueda de "soluciones razonables que impidan el crecimiento de un fenómeno extraordinariamente pernicioso".

El Ministerio Público aboga así, no sólo por actuaciones de concienciación social entre los jóvenes, sino por una tipificación de las infracciones que se cometen en el marco del botellón como "verdaderas infracciones medioambientales que permitan la actuación de las autoridades administrativas". Una ley específica en la comunidad para regular esta actividad garantizaría de este modo la defensa de los intereses generales de la ciudadanía.

El ruido de las 'fiestas' que organizan los jóvenes en las calles de las ciudades, sobre todo los fines de semana, es el detonante de muchas quejas vecinales. La Fiscalía andaluza cree que ya va siendo hora de que comience a cambiar el tratamiento penal de la contaminación acústica, en el sentido de exigir más responsabilidad a la autoridad administrativa que no pone freno a la misma, que la consiente, más que al propio infractor.

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