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Vila-real, 22/09/04
La acusación denuncia «tretas» del alcalde de Vila-real para dilatar el juicio por prevaricación
El abogado del primer edil retrasa tres meses un informe básico para activar el proceso
Emilio Regalado
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Los hechos que pueden llevar al alcalde de Vila-real al banquillo de los acusados tomaron forma a principios de los 90, cuando una empresa cerámica comenzó su actividad en la partida Madrigal, generando constantes ruidos a consecuencia de su actividad, especialmente por los cogeneradores.
Ello motivo que los vecinos solicitasen mediciones de la Policía Local, que se prolongaron desde enero de 1995 hasta julio de 1998, recogiéndose hasta 74 decibelios en una de las viviendas afectadas. Asimismo, fue a partir de 1995 cuando aparecieron las primeras denuncias, destacando un escrito en el que se reclamó al alcalde que analizase si la empresa tenía licencia de actividad de cogeneración. Así, según recoge el fiscal, el alcalde, «pese a ser conocedor de la ausencia de licencia, no adoptó resolución alguna a los efectos de su comprobación y, en su caso, su cierre». Pero todo se disparó en agosto de 1998 cuando los denunciantes presentaron un escrito a la Agencia del Medio Ambiente, tras el cual el alcalde se decidió a incoar expediente contra la empresa. Pese a ello, el insturmento judicial estaba ya iniciado y, pese a que el juzgado de Vila-real en un principio quiso archivar el caso, la Audiencia Provincial decidió que el proceso siguiese adelante al ver indicios de un posible delito de prevaricación y otro contra el medio ambiente. |
El abogado de los vecinos que presentaron en su día la denuncia contra el alcalde, al que acusan de no haber actuado para solucionar los ruidos generados por una empresa, destaca que antes de que comenzase el verano el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Vila-real dio a todas las partes, tanto a la acusación particular como al fiscal y a la defensa del alcalde, un plazo legal de diez días para que remitiesen sus respectivas calificaciones.
Pese a ello, y conocidos ya los argumentos de acusación y fiscalía, «han pasado ya más de tres meses y el representante legal del alcalde sigue sin haber presentado nada lo que, al margen de ser un incumplimiento de los preceptos legales, es una clara maniobra de dilación para que el juicio se demore».
El abogado de la acusación resaltó que «el juzgado, que está pendiente de todos estos informes para remitirlos a la Audiencia Provincial para que determine la fecha del posible juicio, está indignado, y de hecho no es descartable que abra diligencias sobre el tema».
En este sentido, apuntó que «sería factible, aunque desconocemos los planteamientos del juzgado, que se impusiese una sanción o que se decidiese que el alcalde se quedase sin escrito de defensa». Si todo transcurriese como corresponde a partir de ahora, en un plazo de tres o cuatro meses, según el abogado de la acusación, la Audiencia Provincial, una vez estudiados los escritos de cada parte, tendrá en sus manos la decisión de poner fecha a un juicio en el que el alcalde, Manuel Vilanova, se enfrenta a la petición de siete años y medio de cárcel por parte de la acusación particular. La fiscalía, pro su parte, se limita a pedir ocho años de inhabilitación por presunta prevaricación al haber hecho caso omiso, durante años, a las quejas vecinales.
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