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Palma de Mallorca, 18/09/04
'Caso Megapark'/ El portavoz municipal cumple su palabra
Grosske anuncia una querella contra Catalina Cirer y Rodrigo De Santos por «proteger» a Cursach
Los servicios jurídicos de EU-EV interpondrán la denuncia durante los próximos días - «La alcaldesa ha protegido todas las irregularidades a pesar de la presión mediática, política e institucional», asegura
Esteban Urreiztieta
Grosske empeñó su palabra el pasado 3 de septiembre. Dijo que si Cort no cerraba «inmediatamente» la discoteca ilegal MegaPark interpondría una querella criminal contra la alcaldesa Catalina Cirer y contra el teniente de alcalde de Urbanismo Rodrigo de Santos «por protegar de manera continuada la ilegalidad». Confesó que le faltaba «medio centímetro» para emprender acciones judiciales contra los responsables municipales y le dio un ultimátum a Cort tras conocer la existencia de un decreto de cierre con fecha de 11 de agosto que un mes después ni siquiera había sido notificado al Grupo Cursach.Anunció que si en una semana a partir de la fecha del anuncio el decreto no se hacía efectivo y el local seguía abierto cumpliría su advertencia. Para su propia sorpresa, el MegaPark continuó de par en par y ni siquiera la amenaza de acciones judiciales hizo inmutarse a Cirer y a De Santos. Así, la paciencia y el «medio centímetro» a los que aludía Grosske se han agotado por completo.
La querella criminal ya es un hecho. La decisión está tomada y es cuestión de días su conclusión por parte de los servicios jurídicos de Esquerra Unida-Els Verds. Los fundamentos que vertebrarán la denuncia de la formación de izquierdas serán que la macrodiscoteca de Bartolomé Cursach «funciona sin la licencia adecuada, en situación irregular, superando ampliamente el aforo permitido, incumpliendo las medidas de seguridad y provocando molestias a los vecinos por ruidos desde mayo de 2000».
'Vista gorda' desde 2000
Añade que «el Ayuntamiento ha tenido conocimiento oficial de la situación desde el primer día (el primer informe de la Policía Local es del 22 de mayo de 2000) y, no obstante, ha permitido que esta situación se prolongase año tras año. La protección continuada y sistemática de esta irregularidad por parte del Ayuntamiento ha continuado por el actual equipo de gobierno a pesar de la creciente presión política, mediática e institucional existente sobre el tema».De hecho, prosigue Grosske, «el Ayuntamiento no se ha decidido a actuar hasta que el Tribunal Superior de Justicia emitió un auto el pasado 27 de julio y así y todo se produce un inexplicable retraso en las notificaciones de los decretos de paralización que ha permitido al MegaPark acabar la temporada».
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