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Sevilla, 17/09/04

Una funcionaria declara ante el juez por el ruido de un festival

El edil de Gobernación, Francisco Fernández, también está imputado
J. M.
La jefa de servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla declaró ayer, en calidad de imputada por un delito ecológico, en un juzgado de Instrucción de la capital, en relación con la contaminación acústica del Festival de las Naciones. El concejal de Gobernación, Francisco Fernández, que también ha sido imputado, no acudió a declarar debido a la concentración de los taxistas a las puertas del Consistorio y el juez le ha vuelto a citar para el 1 de octubre. Estas declaraciones se producen después de que el juez haya admitido a trámite la querella presentada por un grupo de vecinos y abogados que tienen sus despachos junto a los juzgados del Prado de San Sebastián, donde hasta ahora se ha venido instalando el Festival de las Naciones.

La querella considera responsable civil subsidiario al Ayuntamiento hispalense, por haber concedido año tras año la licencia para el evento y a pesar de las numerosas denuncias presentadas por los vecinos ante la Policía Local y la delegación municipal de Medio Ambiente. La jefa de servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento, M. S. G., aseguró ayer al juez que la autorización de las licencias correspondía al delegado, al tratarse de "actos discrecionales para actividades ocasionales" y precisó que para las ediciones de 2001 y 2002 la licencia fue otorgada por Evangelina Naranjo y la de 2003 por Francisco Fernández.

La funcionaria explicó que era algo "normal" que el permiso para el Festival se concediera en un plazo máximo de entre ocho y diez días, algo que llama la atención de los querellantes, y aunque reconoció que se recibieron denuncias vecinales, la licencia se concedió los años siguientes porque la autorización se realizaba de forma independiente para cada ejercicio.

El abogado José Antonio Salazar, uno de los querellantes, consideró ayer que el Ayuntamiento "muestra nula o poca sensibilidad con el tema de los ruidos y trata de manera diferente la violación de la normativa contraincendios y la de Medio Ambiente", dado que en una ocasión al detectar problemas con las salidas del recinto ordenó la suspensión de la actividad y cuando se detectaron niveles que incluso excedían los 15,2 decibelios permitidos por la normativa vigente en materia de ruidos "se inclinó por abrir un expediente sancionador que fue resuelto cuando la actividad del festival ya había cesado". La finalidad de la querella consiste en "elevar la sensibilización de los administradores públicos y situarlo a nivel europeo".

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