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Calviá, 17/09/04
Los vecinos recurrieron la instalación por el exceso de ruidos y molestias

Una jueza ordena el cierre de la desaladora de Son Ferrer

Declara la instalación "ilegal" por carecer de licencias y por estar a sólo 100 metros del núcleo
Miquel Adrover
La jueza del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, María del Carmen Frígola, ha ordenando al ayuntamiento de Calvià que cierre la desaladora instalada por la conselleria de Medio Ambiente en Son Ferrer (Calvià) el año 2000 para abastecer la bahía de Palma mediante un convenio entre el Govern y los ayuntamientos de Calvià y Palma. La sentencia dictada declara "ilegal" la instalación por carecer de licencia de instalación y de actividad y por estar a escasos 100 metros de un núcleo de población agrupado. Dicha resolución judicial puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

La Asociación de Vecinos del Pueblo de Son Ferrer, que preside Miguel Pacheco, después de quejarse en varias ocasiones por el exceso de ruido y las molestias de la desaladora y ver que no le hacían caso, pidió que le entregaran la documentación para comprobar si tenía licencia. A esta petición el ayuntamiento de Calvià (gobernado por el PSOE) tampoco contestó y cuando se le preguntaba argumentaba que la competencia era de la conselleria de Medio Ambiente.

Ante estas actuaciones municipales, la jueza también condena al ayuntamiento de Calvià por su "inactividad" al no actuar ante las quejas vecinales.

En el fallo la sentencia apunta: "El ayuntamiento de Calvià vendrá obligado a dictar los actos necesarios para el cierre de esta instalación en tanto no se proceda a la obtención de las licencias de instalación, apertura y funcionamiento correspondientes". El ayuntamiento de Calvià, el de Palma y el Govern, como partes demandadas, acordaron la instalación por la vía de urgencia como un caso de emergencia y dada la necesidad de contar con caudal para abastecer a la población de la bahía de Palma. En este sentido la jueza recuerda que "no hay que confundir la posibilidad de la implantación urgente de esa desaladora para abastecimiento de agua a la población por razones de sequía grave, acordada por el Consell de Govern, con la posibilidad de que ese funcionamiento siga ´in eternum´ sin las autorizaciones correspondientes y además causando molestias a la colectividad".

Sobre la distancia del emplazamiento, que los vecinos exigen que sea como mínimo de 2.000 metros, la sentencia no se pronuncia, pero sí califica de "lógico" que la instalación esté situada a mucha más distancia del núcleo urbano que a los escasos 100 metros que está en la actualidad.

Cuatro años de ruidos
Las cerca de 9.000 personas que residen en Son Ferrer hace cuatro años que soportan ruidos y molestias. El presidente de los vecinos, Miguel Pacheco, aseguró ayer que "hay vecinos que hace años que no han abierto las ventanas por el fuerte ruido que desprenden los motores de la desaladora".

El ayuntamiento de Calvià al recibir las primeras quejas intentó que la conselleria de Medio Ambiente actuara y de hecho se realizó una insonorización de la desaladora, pero con escasos efectos, ya que tanto la Policía Local como una empresa especializada certificaron ante la jueza el exceso de emisiones acústicas.

La sentencia contempla el derecho de la asociación vecinal recurrente a ser indemnizada por los ruidos y vibraciones que han soportado. Estas indemnizaciones todavía no se han cuantificado a la espera que la sentencia sea firme.

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