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Salou, 28/11/04
Treinta pubs de Salou, expedientados al no tener la licencia correspondiente
El Ayuntamiento, que de momento no puede tramitar permisos, dispuesto a cerrar los locales
Jordi Cabré
Salou debe replantearse su futuro turístico. Una de sus banderas ha sido el ocio nocturno, que a día de hoy es un gran atractivo para la juventud. Pero la marcha ha tenido siempre un vacío legal que ahora carcome su futuro. Los pubs funcionaban sin su licencia porque en 1992 el Plan General no lo contemplaba. En el actual, se ha solucionado este aspecto, pero un largo litigio abierto provoca que la concesión de las mismas estén en punto muerto. El Ayuntamiento reconoce que hay unos 70 locales que realizarían las funciones de bar musical o pub sin el pertinente permiso. De éstos, 30 ya han sido avisados de posibles sanciones: multa y cancelación de licencia.Este verano, ante la amenaza de caer en un delito de prevaricación –a raíz de una instancia de los juzgados de Tarragona promovida por la comunidad vecinal Buigas Luz–, la junta de gobierno local de Salou empezó a acotar el margen de confianza en aquellos bares que realizaban actividades de pub. La querella es otro nuevo capítulo que tiene su origen hace muchos años, cuando Buigas Luz empezó su guerra para el cierre de los Slammers. Pero la última querella ha obligado a ser estrictos con la normativa de la Generalitat y a no conceder margen de maniobra a los locales que actúan como pubs.
Los Slammers tuvieron que cerrar puertas en septiembre de 2002 a raíz de la sentencia del Juzgado Número 2 del Contencioso-Administrativo. Tras esta estocada a la marcha nocturna salouense, el Ayuntamiento tenía claro que en el nuevo Plan General debía regularizar la situación. Y así, en febrero de 2004, el actual ya contempla zonas de ocio específicas y la posibilidad de obtener licencia de bar musical.
Pero un recurso de altura de la misma comunidad de vecinos ante esta aprobación del Plan General sigue todavía en la Justicia, concretamente en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Y es que la Generalitat aceptó que en un tramo de la calle Murillo se suspendiera cautelarmente esta concesión de licencias de bar musical. Este tramo es donde se ubica el edificio Buigas Luz.
A pesar del requerimiento autonómico, la actividad musical en este espacio continuó (aún sabiendo de que no podía seguir) y los vecinos terminaron por presentar la querella contra la junta de gobierno local. Ésta implicaba una posible prevaricación de sus políticos –aceptar una cosa aún sabiendo que está mal–.
Tras recibir del Juzgado Número 3 de Tarragona la «solicitud de informe sobre si se producía o no incumplimiento de la normativa sobre un exceso de contaminación acústica en tres bares» del tramo de la calle Murillo, entre Serafí Pitarra y Carles Buïgas, al Ayuntamiento le faltó tiempo para aplicar las leyes a rajatabla y empezar a actuar sin miramientos.
Tres locales –Tonny’s Bar, Costa Nit y Fashion– cerraron cautelarmente las puertas el 1 de julio. Los propietarios afectados han impugnado la medida en los tribunales, pero mientras la Justicia no resuelva el asunto, la cautelar se ha agotado y el Ayuntamiento les ha terminado multando con 6.000 euros a cada uno y la cancelación de la licencia de bar.
El ejemplo de estos tres bares abre una seria amenaza al resto. Informes de la Policía Local argumentan el porqué del incumplimiento: más de 55 decibelios, espacio para bailar, falta de elementos de un bar (cafetería, microondas, mesas, sillas...). Con ello, el Ayuntamiento abre expediente sancionador para evitar que sea condenado por prevaricación.
El concejal de Governació, Jesús Barragán, reconoce que «de las 485 licencias actuales de bar tenemos conocimiento de que unos 70 locales podrían ser susceptibles de ser bares musicales; y de ellos, 30 están apercibidos de sanción». El edil es consciente de que mientras el TSJC no permita conceder licencias de bar musical, el Ayuntamiento no puede permitirse errores. Concluye diciendo que «estar apercibido no significa multa y supresión de la licencia, pero deben regularizar su situación de inmediato». Las sanciones van de los 6.000 a los 60.000 euros.
Todo ello comporta que el sector de la marcha nocturna está herida de muerte salvo que el TSJC falle a favor del Ayuntamiento y con ello una gran parte del turismo. Pero mientras la Justicia no resuelva, Salou ya no puede hacer la vista gorda como hacía hasta ahora, ya que la comunidad de vecinos de Buigas Luz ha creado un precedente que podría terminar ahorcando la marcha salouense.
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