Santander, 14/11/04
El alcalde y un edil declararán como imputados por la reapertura de un bar
El fiscal pide que se investigue si prevaricaron al autorizar 'Casa Lita'
La Asociación Pombo-Cañadío presentó la denuncia en junio de 2003
C. DE LA P
El alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, el concejal de Policías Miguel Ángel Sañudo, y el secretario general del Ayuntamiento de Santander, Francisco Ruiz Ruiz-Hidalgo, han sido citados a declarar ante el juez como imputados en la denuncia que presentó la Asociación Pombo-Cañadío por la reapertura de 'Casa Lita', establecimiento sobre el que pesa una sentencia firme de cierre.
La cita judicial que firma el magistrado José Hoya Coromina, titular del Juzgado de Instrucción número 1, está prevista para el próximo jueves, día 18, y se produce después de que el representante del Ministerio Fiscal advirtiera de la existencia de indicios de la posible comisión de un delito y aconsejase la práctica de diligencias para esclarecer los hechos. Entre las pruebas propuestas por el fiscal se encontraba la declaración en calidad de imputados del alcalde, el concejal de Policías y el secretario municipal. La declaración de los afectados como imputados significa que tendrán que acudir ante el juez asistidos de abogado para preservar todos sus derechos.
El alcalde y el edil tendrá que explicar por qué se concedió licencia municipal para reabrir un establecimiento de hostelería en el Paseo de Pereda número 37 (actual 'Casa Lita') cuando el Tribunal Supremo, en sentencia firme, advirtió que incumplía la distancia mínima al resto de los negocios del ramo establecida por la Ordenanza de Medio Ambiente.
La Asociación Pombo-Cañadío y Ensanche presentó el 5 de junio de 2003 una denuncia contra las autoridades municipales que otorgaron la licencia, a las que acusó de un delito de prevaricación por dictar una resolución (la concesión del permiso) a sabiendas de su ilegalidad.
En aquel momento el alcalde se defendió y alegó que la licencia contaba con «los preceptivos informes técnicos y jurídicos» y que «ninguno de los vecinos inmediatos» formuló reparo alguno en el trámite de información pública.
Este proceso penal es la culminación del largo periplo judicial -ocho años- recorrido por varios vecinos del portal contiguo al local hasta conseguir que el Tribunal Supremo les diera la razón. En el número 37 del Paseo de Pereda existen dos establecimientos de planta baja. En uno de ellos funciona desde hace años la 'Cafetería La Austriaca'. En el otro se instaló en 1995 el pub 'La Costa' (antes había estado la cafetería 'Los Molinos', que cerró) al que se otorgó licencia meses después. Ambos establecimientos, que tienen un mismo propietario, están separados por un portal. Algunos de los vecinos recurrieron la concesión de esta licencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por incumplimiento del régimen de distancias establecido por la Ordenanza de Medio Ambiente. El TSJC les dio la razón, pero los propietarios de 'La Costa' recurrieron al Supremo. En 2002 este tribunal dictó sentencia respaldando de nuevo a los vecinos y el pub tuvo que cerrar.
Sin embargo, meses después se efectuaron obras de acondicionamiento en el mismo local, por lo que los copropietarios del inmueble se dirigieron por escrito al Ayuntamiento para advertir de que el Supremo había confirmado que en ese bajo no se podía establecer un negocio hostelero. Aun así, el Ayuntamiento concedió licencia de apertura y el 24 de abril de 2003 fue inaugurado el local con el nombre de 'Casa Lita'. Los copropietarios se encuentran ahora como hace ocho años, a pesar de tener de su lado al Supremo, y han vuelto a recurrir la licencia. La Asociación Pombo-Cañadío dio un paso más y denunció por prevaricación a los responsables municipales.
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