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Palma de Mallorca, 20/05/04
La Policía Local denuncia a la caseta de Cort en la Feria de Abril por carecer de limitador sonoro
El Ayuntamiento vulneró en su local uno de los requisitos que exige para conceder los permisos - Tendrá que tramitar la sanción que le corresponda y multarse a sí mismo
Esteban Urreiztieta
La Policía Local denunció durante la pasada Feria de Abril a la caseta propiedad del Ayuntamiento de Palma por no cumplir con uno de los requisitos que exigió a Cort a todos los «expositores» que participaron. Concretamente, la policía levantó acta dejando constancia de que el recinto municipal carecía del pertinente limitador sonoro. De esta manera, y una vez que se tramite la denuncia, el Consistorio tendrá que hacer frente a la sanción que se estime oportuna. Como un ciudadano cualquiera.Es decir, la caseta municipal vulneró el punto número número 24 de los presentes en la bases que se exigían para la concesión de los permisos. Este punto deja bien claro que «sin perjuicio del cumplimiento de las normativas aplicables, todas las casetas donde se produzcan sonidos superiores a 70 decibelios, deberán estar dotadas de cortinas u otros elementos que impidan la salida del sonido al exterior». Asimismo, el pliego de condiciones exige que «las instalaciones musicales deberán dotarse de limitadores de sonido de forma que los ruidos que puedan transmitirse al exterior no sobrepasen los 70 decibelios» .
El volumen
Las quejas por el volumen exagerado de la música en las casetas han sido habituales en ediciones anteriores, por lo que Cort este año decidió aumentar la distancia entre una carpa y otra, a fin de poner freno a este problema. En este sentido, lo que sí que ha querido dejar claro el Ayuntamiento de Palma es que su equipo de música no vulneró en ningún momento el número de decibelios permitidos. Y todos los asistentes a la Feria de Abril de Palma consultados por este periódico coinciden en señalar que la caseta de Cort era una de las pocas que cumplían escrupulosamente con otra de las condiciones: que la música que sonara fuera sevillanas y no música discotequera.Y es que el Ayuntamiento dejaba también muy claro que «tanto la música como la ambientación que se emita ha de ser exclusivamente la que corresponde a este tipo de ferias (sevillanas, rumbas, copla y flamenco en general), quedando terminantemente prohibida cualquier otro tipo de música y ambiente al señalado».
Este es precisamente uno de los puntos en los que se iniste todos los años por parte de las autoridades para impedir la pérdida progresiva del espíritu de la Feria de Abril y que supone uno de los puntos de fricción entre los empresarios y las autoridades.
El presidente de la Casa de Andalucía, verdadero motor e impulsor de esta fiesta que cumple este año su quince aniversario, denunció en estas páginas hace unos días esta realidad y acusó a los empresarios de estos espacios de estar pervirtiendo el espíritu inicial de la fiesta, anteponiendo sólo sus objetivos económicos ante toda obligación.
Las quejas
«Así están acabando con la feria», afirmó Anaya. El propio presidente dio una lista de siete casetas que son las únicas que cumplen la normativa municipal en materia de ambiente musical, mientras el resto vulnera, día sí día no, lo pactado con el Ayuntamiernto de Palma antes de comenzar.Anaya destacó que, además de no respetar el espíritu festivo, el principal problema que se presenta año tras año es la vulneración constante del nivel de ruido y de los decibelios máximos permitidos, que convierte en ocasiones el recinto «en un infierno sonoro», señaló gráficamente Anaya. La Feria de Abril se cerró este año con la denuncia anecdótica a la caseta municipal y con el malestar que ha producido entre algunos empresarios el hecho de que Cort haya otorgado la concesión gratuita de dos casetas a la Asociación de Parcelistas y a una empresa de trajes de sevillanas.
Por este motivo, ya hay algunos empresarios que han participado en la Feria que se están planteando iniciar acciones legales contra el Ayuntamiento al haber recibido, según ellos, un trato discriminatorio. Están meditando pedir al Ayuntamiento de Palma la devolución de los 7.200 euros que tuvieron que pagar cada uno por la concesión del permiso. Un 25% más que la tarifa fijada en la pasada edición.
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