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Sevilla, 18/03/04

Un kafkiano caso de ruidos en Sevilla

La delegada municipal de Hacienda califica de "no loable" que el Ayuntamiento de Sevilla haya tardado 15 años en afrontar el pago, por sentencia judicial, de 17.909 euros a un vecino de Los Remedios que tuvo que insonorizar su domicilio a causa del ruido procedente de un bar instalado en los bajos del inmueble.

No se trata ya sólo de la tardanza. Todos los elementos de este caso son paradigmáticos del mal funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas.

Según recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a raíz de la denuncia de este sevillano, representativo de tantos que como él sufren el exceso de decibelios que reina en las noches de la ciudad, una medición con el sonómetro (el 14 de enero de 1989, en pleno invierno) reveló que el nivel de ruido era "intolerable para la intimidad y el descanso".

¿Razón? Porque el bar de abajo no sólo carecía de insonorización, sino que no respetaba horario alguno de cierre. Cabe preguntarse cómo es posible otorgar una licencia de apertura en estas condiciones, salvo que se sobreentienda que la licencia no es más que un mecanismo recaudatorio municipal más.

También cabría pensar que a raíz de detectar ese intolerable nivel de ruido el Ayuntamiento pondría fin ipso facto al problema.

Nada más lejos de la realidad. Según recoge la sentencia, el Consistorio tramitó uno tras otro hasta diez expedientes sancionadores contra el local, sin resultado práctico alguno.

Frente al manido argumento municipal de que carece de instrumentos jurídicos para luchar contra el ruido, el TSJA recuerda que el Ayuntamiento tiene el deber de policía y que puede decretar el cierre de los establecimientos que no cumplan con las condiciones de la licencia de apertura, de ahí que condenara a indemnizar a este sevillano que, desesperado ante la desidia de la Administración Local, hubo de costearse la insonorización de su propio domicilio.

Atención: son los ciudadanos los que han de insonorizar sus viviendas ante la incapacidad municipal de velar por que estén insonorizados los locales. La kafkiana historia no concluye así: el expediente indemnizatorio ha circulado por los despachos durante 15 años, periodo en que todos los partidos del arco parlamentario (PSOE, PP, PA e IU) han gobernado el Ayuntamiento, el cual se rige, entre otros (artículo 103 de la Constitución), por el principio de la eficacia.

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