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Vila-real, 09/03/04
El alcalde de Vila-real se enfrenta a la petición de siete años y medio de cárcel por 3 delitos
La acusación particular incluye tres imputaciones por permitir el ruido generado por Rocersa
E. Regalado
 Clausura. La policía local cerró la central de cogeneración en noviembre de 1998 tras años de reivindicaciones |
Aunque el ministerio fiscal, en sus conclusiones provisionales, se limitó a pedir ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público contra el alcalde, la acusación particular considera a Manuel Vilanova «criminalmente responsable de un delito continuado contra el medio ambiente», de otro de «prevaricación» y de un tercer delito de «omisión del deber de perseguir delitos». Todo ello lleva a la acusación particular, impulsada por los vecinos Antonio F. y Concepción P., a reclamar para el alcalde «seis años de prisión, multa de 36 meses con una cuota diaria de 30 euros -cerca de 33.000 euros- e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro años y seis meses» por el delito continuado contra el medio ambiente.
A ello hay que sumar la petición de «un año y seis meses de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años y seis meses por un delito de prevaricación medioambiental», además de la «inhabilitación especial para empleo o cargo público de un año por un tercer delito de omisión del deber de perseguir delitos».
En relación al gerente de Rocersa, al que el fiscal pide cuatro años de cárcel, la acusación particular eleva a la petición a «seis años de prisión», una multa idéntica a la del alcalde y, además, «inhabilitación especial para la profesión y oficio que desempeñaba con relación a la mercantil Rocersa, y cualquier otra del sector cerámico, por tiempo de cuatro años y seis meses», todo ello por un «delito continuado contra el medio ambiente».
Responsabilidad civil
Finalmente, frente a los 6.000 euros solicitados desde el ministerio fiscal para el matrimonio demandante por «daños morales y sufrimiento causado», la acusación particular reclama más de 75.000 euros, siendo responsables subsidiarios el Ayuntamiento de Vila-real y la mercantil Rocersa.Respecto al relato de los hechos, aunque se aporta más documentación, se mantiene el recogido el pasado 31 de diciembre por el fiscal, que pasa por considerar probado que el alcalde, siendo conocedor de que Rocersa desarrollaba varias actividades,entre ellas la de cogeneración, sin las correspondientes licencias, hizo caso omiso a las denuncias de los vecinos. En concreto, el fiscal insiste en reflejar que Manuel Vilanova pudo cometer delito durante los años 1995 a 1998, época en la que no cerró la central de cogeneración que ocasionaba el ruido pese a no tener los permisos correspondientes.
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