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Sevilla, 23/06/04
El fiscal Flores baraja actuar de oficio por el ruido de las terrazas
La Fiscalía de Sevilla baraja investigar de motu proprio la denuncia de los vecinos de la calle Torneo con la finalidad de averiguar si los establecimientos de ocio superan el nivel de decibelios autorizado
JORGE MUÑOZ
Vega dice que defenderá su buen hacer ante el TSJA
PP y PA censuran la actitud de la concejal y piden que reciba a los vecinos
CLAUDIO J. CASTILLO
La delegada municipal de Medio Ambiente, la socialista Cristina Vega, no se arredra ni ante las amenazas vecinales de llevar la contaminación acústica a los tribunales ni siquiera porque la propia Fiscalía actúe de oficio y abra una investigación judicial. Ayer, la concejal trasladó a Diario de Sevilla que, llegado el caso, "demostraremos ante el TSJA el buen hacer de todas las actuaciones que hemos llevado a cabo hasta ahora. Y lo haremos con pruebas, porque estamos muy tranquilos de que en este tema estamos haciendo lo que debemos hacer".
Vega aseguró que los vecinos de Torneo "que creen que tienen sus derechos vulnerados" por el ruido procedente de las terrazas de verano y otros focos de contaminación acústica "están en su pleno derecho de recurrir a la Justicia", pero agregó que "yo también lo estoy, y tengo que defenderme". En este punto, aseguró tener la "conciencia tranquila" en este caso de denuncias vecinales en el entorno de Torneo, ya que recordó que "el pasado año nos comprometimos a eliminar las terrazas de Torneo y este año, al inicio de la temporada, ya no están".
Por ello, la delegada lanzó un aviso a navegantes, dirigido especialmente a los residentes agrupados en la asociación Alberto Jiménez Becerril, y dijo que "si con el tema de las terrazas quieren hacer un totum revolutum contra el Ayuntamiento, allá ellos".
La responsable de Medio Ambiente aseguró que la mediciones periciales de los ruidos se siguen haciendo conforme llegan las quejas y las denuncias de los vecinos, e insistió en que "las mediciones y las tasa obtenidas son las que marcan las actuaciones; si están bien, están bien, y si no, se abre un expediente", apostilló. A tenor de ello, dudó de los argumentos esgrimidos por los vecinos diciendo que "no se puede hablar de hay ruidos aquí y allá y a esta hora y procedente de allí y otros líos. Hay que dejar claro que los autorizados para hacer las mediciones de la acústica somos nosotros [refiriéndose a técnicos de medio ambiente] y es la Policía Local la que tiene que tomar cartas en el asunto; todo eso de mediciones particulares desde un balcón... Por favor", apreció Vega.
Lo que sí quiso dejar ayer claro la capitular socialista es que "nosotros atendemos todas las denuncias, provengan de donde provengan y lleguen de donde lleguen. Es mentira que se diga que no se atienden las denuncias, mentira cochina", agregó.
En el tema de las licencias de estos establecimientos, no recogida en el Nomenclátor de la Junta de Andalucía, Vega advirtió a los empresarios de la noche que dirijan sus protestas "a la Junta y a la Consejería de Gobernación, ya que nosotros somos meros intermediadores y nos vemos obligados a cumplir la ley, pero no somos competentes en materia".
El pulso que mantiene el Ayuntamiento de Sevilla con los vecinos de Torneo, y que se prolonga desde hace más de un año, ha llevado a la oposición a pedirle al equipo de gobierno local que cumpla la normativa vigente y que reciba a los vecinos para darles una solución.
La portavoz del Partido Andalucista, Paola Vivancos, denunció ayer que "esta ceremonia de la confusión es otro ejemplo del caos del gobierno local, que deja solos a los empresarios para que se entiendan con Renfe en el traslado de las terrazas al apeadero de la Cartuja, por ejemplo". La concejal recordó que fue la delegada municipal de Medio Ambiente, Cristina Vega, la que prometió la realización de un estudio sobre la medición del ruido en la Cartuja y Torneo "del que no se sabe nada desde año pasado", al tiempo que censuró su actitud de no recibir a los vecinos de Torneo pese a las continuas peticiones del colectivo. Por ello, urgió a que Vega "ponga a las partes de acuerdo" y a que no "eche balones fuera con el tema de las licencias de estos locales; si no es de su competencia, que se siente con las administraciones necesarias para resolverlo".
Vivancos, además, resaltó "la pésima imagen que da el que el Ayuntamiento esté denunciado por unos vecinos en los tribunales", aunque apreció "que es algo ya habitual, como los casos de los vecinos de Bami y de el Arenal, y que da fe del nuevo talante de no escuchar ni dar la cara".
Por su lado, el concejal del PP Beltrán Pérez indicó que todo esto "prueba que el Ayuntamiento no tiene una política integral para solucionar la movida, ni en el tema de la botellona ni en el de la emisión de ruidos de los establecimientos". El edil dijo que hay "dejación de funciones" por parte del Consistorio en la aplicación de ordenanzas y leyes y censuró la actitud de Vega "todo lo contraria a un Ayuntamiento que debe ser dialogante y abierto; si los vecinos de Torneo recurren a la Fiscalía es porque están solos y desamparados, y eso es un hecho".
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La denuncia vecinal será por la vía penal y civil
El presidente de la asociación vecinal Concejal Alberto Jiménez Becerril, Julio Velázquez, aseveró ayer a Diario de Sevilla que los abogados del colectivo están dando forma a la denuncia que pretenden presentar en los tribunales contra el Ayuntamiento por inhibición en el tema de la contaminación acústica, una denuncia que, en principio, se tramitará por la vía penal y también por la vía civil para pedir compensaciones.
Velázquez, que está decidido a acudir al Pleno del próximo mes en calidad de presidente vecinal para formular preguntas a los capitulares, ha remitido este fin de semana un nuevo escrito a la delegada de Medio Ambiente donde compila las denuncias y actuaciones policiales más recientes, las referidas a los días 18 y 19 de junio con hasta tres partes policiales que reflejan los valores de decibelios por encima del umbral permitido.
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La Fiscalía de Sevilla puede tomar cartas en el asunto de la contaminación acústica procedente de las terrazas de verano y que ha sido denunciado por los vecinos de la calle Torneo. El fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, respondió ayer a las reivindicaciones de los vecinos y, en este sentido, explicó que el Ministerio Público no descarta una posible actuación de oficio. "Si podemos y debemos actuar de oficio, lo haremos", aseguró el fiscal jefe, que recordó que la salud acústica de los ciudadanos constituye un derecho que está legalmente "protegido", como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, a través de sentencias que han comenzado a calificar como delito contra el Medio Ambiente la contaminación acústica por exceso de ruido.
No obstante, Alfredo Flores comentó que en primer lugar la Fiscalía esperará a ver si se ha recibido alguna denuncia formal de los vecinos afectados. Además, se investigará si existen actas de funcionarios municipales que confirmen que se han superado los niveles de decibelios autorizados, e incluso si las terrazas han podido incurrir en una desobediencia.
El fiscal respondía de esta forma a la petición realizada el pasado fin de semana por los vecinos de la calle Torneo, que reclamaron una intervención inmediata de la Fiscalía hispalense. En concreto, el presidente de la asociación de vecinos Alberto Jiménez Becerril, Julio Velázquez, denunció la "indefensión" que sufren los residentes en la zona de Nuevo Torneo por el ruido que generan las terrazas de verano instaladas junto al río. La Policía Local pudo comprobar en la madrugada del pasado sábado cómo a las 5.45 horas todavía llegaba a sus domicilios la música procedente de la Isla de la Cartuja, lo que supondría un incumplimiento tanto de la prohibición de emitir música en este tipo de establecimientos de ocio como el horario de cierre establecido.
Alfredo Flores precisó igualmente que la actuación del Ministerio Público puede producirse incluso de oficio, con independencia de la denuncia vecinal. La intervención de la Fiscalía está amparada legalmente en el artículo 325 del Código Penal, que castiga los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. La norma sanciona con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel a quienes provoquen o realicen directa o indirectamente vertidos contaminantes o "emisiones, ruidos o vibraciones". Además, cuando existe un riesgo de "grave perjuicio" para la salud de las personas, como los supuestos de exceso de ruido que se denuncian ante los tribunales, el juez debe imponer la pena en su mitad superior.
La jurisprudencia también ha perseguido la contaminación acústica, al considerar que es un fenómeno que atenta contra derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la integridad física y moral, y la libre elección de residencia. Una sentencia de este Alto Tribunal condenó al Ayuntamiento de Sevilla a pagar una indemnización de 9.000 euros a un vecino del Arenal afectado por los ruidos procedentes de una discoteca. El Consistorio hispalense ya había sido advertido en enero del 2002 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que le obligó a adoptar medidas contra el consumo de alcohol en la calle y los ruidos de los aparatos musicales, al constatar la "inactividad" municipal ante la botellona.
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