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Vila-Real, 13/02/04
Al representante legal de la Mercantil Rocersa le pide que cumpla "cuatro años y seis meses de prisión"
La Fiscalía pide la inhabilitación del alcalde por presunta prevaricación
Solicita la apertura del juicio oral contra los dos imputados
La fiscal dice que Vilanova "permitió" actividades de la empresa sin licencia
Josep Carda
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Antonio Flich Ripollés y Concepción Capella Pérez presentaron en 1995 varias quejas por los ruidos que, según ellos, se producían "de forma permanente y prolongada, a consecuencia de la actividad desarrollada por Rocersa SA". Desde el 15 de enero de 1995, la Policía Local realizó varias mediciones en la zona de influencia de Rocersa.
En la causa también constan denuncias y escritos por parte de Capella y Flich en los que se destacaba que "Manuel Vilanova, en su calidad de alcalde de Vila-real, fue conocedor de los problemas de contaminación acuística de la localidad de Vila-real". En 1997 se abre un proceso judicial sobre este caso, que finalmente es archivado. Los denunciantes presentan un recurso en la Audiencia Provincial de Castellón. Ahora, la Fiscalía, ve indicios de delito, y pide la apertura de juicio oral contra el alcalde y el responsable legal de Rocersa. |
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Ante la acusación que formula la Fiscalía de Castellón, el alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, asegura estar "tranquilo". "En aquel momento obré de la mejor manera que pude y supe", dice. "Me indigna tener que ir al juzgado cuando no he cometido ningún delito", añade. "No soy ningún delincuente ni he hecho daño a nadie", señala.
Vilanova afirma que los denunciantes le acusan de prevaricación "por no cerrar una fábrica que tenía una nave fuera de ordenación, lo que posteriormente se subsanó". Además, se siente "perseguido" por los denunciantes. |
Según el documento al que ha tenido acceso Mediterráneo, la fiscal solicita para Vilanova la "inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años y seis meses", además de una multa de 18 euros diarios durante 18 meses.
Para el imputado por el presunto delito contra el medio ambiente, Pedro Tomás Llop, se solicitan "cuatro años y seis meses de prisión, la inhabilitación para la profesión u oficio que desempeñaba con relación a la entidad Rocersa por tiempo de cuatro años" y una multa de 18 euros diarios durante 36 meses.
Además, la fiscal que firma el escrito pide el interrogatorio de los Vilanova y Llop y la comparecencia de más de 40 testigos, 28 de ellos policías que realizaron mediciones sonoras ante las denuncias presentadas por Concepción Capella y Antonio Flich por los ruidos que afirman: "Procedían de Rocersa y nos impedían dormir por las noches".
Según el documento, Rocersa "carecía de licencia" para las actividades de fabricación de pavimento esmaltado, de azulejos de gres y de central de cogeneración. Por ello, respecto al alcalde, el escrito del fiscal dice que "pese a ser conocedor de que la entidad Rocersa carecía de licencias para el desempeño de alguna de sus actividades", Vilanova no adoptó medidas, "permitiendo" el desarrollo de estas actividades.
Por su parte, la promotora de la denuncia, Concepción Capella, asegura que nunca han querido que Rocersa cerrara, "sino que dejara de funcionar el cogenerador eléctrico".
El abogado de la acusación, Santiago Albiol, dice que pedirá mayor pena para el alcalde.
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