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Zamora, 13/12/04
El Ayuntamiento acumula otras dos querellas de vecinos por el ruido de bares en las zonas de ocio
Las denuncias judiciales responsabilizan a la institución de un posible delito medioambiental, relacionado con el exceso de decibelios sufrido por las familias
El Ayuntamiento de la capital acumula otras dos querellas relacionadas con la emisión de ruidos por encima del límite permitido por ley en establecimientos hosteleros, interpuestas por particulares que durante años han padecido en sus domicilios el excesivo volumen de la música en el interior de esos locales.En las denuncias se responsabiliza a la institución local de la posible comisión de un delito medioambiental, al considerar que no se han tomado las medidas oportunas para evitar la contaminación acústica ambiental, según han explicado fuentes próximas a los querellantes.
Se trata, pues, de causas diferentes a la que actualmente instruye un Juzgado de la capital, en la que se acusa al Ayuntamiento de posible delito de prevaricación y dejación de funciones por la dilatación en sancionar o clausurar establecimientos que superaban los límites de decibelios permitidos por la normativa vigente.
Los promotores de las nuevas actuaciones judiciales son particulares que, aunque en uno de los casos han logrado ver clausurado el disco-bar, situado en la calle Balborraz, han dado orden a su letrado para que interponga la mencionada querella, para tratar de resarcirse de los daños sufridos durante varios años por tener bajo su vivienda un pub al que denunciaron en más de una ocasión por superar los decibelios autorizados en el interior del local y perturbar la tranquilidad de su domicilio. Entre los objetivos de estos querellantes se encuentra el deseo de que no se vuelva a permitir la reanudación de la actividad de este establecimiento hostelero, para garantizarles el disfrute de su vivienda sin problemas como el sufrido hasta hace meses.
La otra denuncia, cuya formalización se está ultimando, corresponde a un matrimonio que vive en una calle adyacente a la Plaza Mayor, basada igual que la anterior en la contaminación medioambiental que provoca el ruido de un establecimiento próximo a su domicilio familiar.
Estos ciudadanos emprenden así la vía penal contra el Ayuntamiento de la capital, como administración competente para sancionar y evitar que se vulnere la legislación vigente en cuanto a la emisión de ruidos se refiere.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valladolid ya "reprendió" al Ayuntamiento de Zamora en una sentencia emitida en junio de 2003, en la que anulaba una licencia municipal a un bar de la calle Alfonso XII por considerar que vulneraba «el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado» por el exceso de ruido. En el fallo judicial se reprochaba a la institución local al «haber omitido la exigencia de medidas correctoras eficaces para garantizar la inexistencia de efectos nocivos o molestos de la actividad a instalar con la posible degradación del medio ambiente».
El TSJ ya "reprendió" al Consistorio en un fallo que ordenó el cierre de un bar
En aquella denuncia, resuelta a favor del ciudadano por parte del TSJ, se apelaba al exceso de contaminación acústica, misma tesis que emplearían los vecinos de la capital que ahora inician acciones contra el Ayuntamiento capitalino. Los magistrados del TSJ recogieron en su sentencia varias sentencias del Tribunal Constitucional, que anteponen el derecho a la salvaguarda de la salud de los ciudadanos, reconocido en la Carta Magna, frente al interés de una actividad de interés particular, como es la de un negocio privado, en estos casos, establecimientos hosteleros.Secuelas que han requerido tratamientos médicos por estrés
A pesar de que el establecimiento hostelero que les causó tanta desazón y problemas personales ha cesado su actividad, tras ser clausurado por el Ayuntamiento de la capital, la pesadilla no ha terminado para los ciudadanos que han interpuesto ya una querella contra la institución local. Si las secuelas psicológicas sufridas por la alteración del sueño y la perturbación de su vida familiar en el domicilio -consecuencia del exceso de ruido al que involuntariamente se veían sometidos- han quedado atrás -precisaron tratamiento médico-, no así el recuerdo de una situación de la que exigen resarcirse en pago por los problemas de salud padecidos. No se trata de venganza, sino de reparar un daño también moral, explican fuentes próximas a quienes han decidido actuar judicialmente contra la Administración local. Los integrantes de la Asociación de Familias Afectadas por los Ruidos (Afaruza), lo explicaban públicamente: es difícil calmar la impotencia de no poder hacer nada aún a sabiendas de que la Ley está de parte de uno.Desde que se iniciara la investigación judicial motivada por la querella por prevaricación y dejación de funciones, desde la Asociación se han reconocido ciertos avances, una actitud un poco más diligente por parte de la autoridad local en la vigilancia del nivel de ruidos en el interior de los establecimientos hosteleros, especialmente en horario nocturno, se indica desde la agrupación de ciudadanos.
Nadie duda de que conciliar esta actividad con el respeto a la vida de quienes viven sobre uno de esos locales no es nada fácil. El Ayuntamiento espera la nueva legislación sobre ruidos que debe aprobar la Junta de Castilla y León para elaborar su propia Ordenanza, que endurecerá las sanciones, según ha anunciado ya el alcalde.
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