«El éxito de la investigación no peligra» por las manifestaciones del abogado a periodistas, según el auto judicial

Ediles piden al juez medidas para que el letrado de la Asociación del Ruido restrinja sus declaraciones

El magistrado recuerda que el secreto sumarial, sin decretar en la querella contra el Ayuntamiento, «no se interpone como límite a la libertad de información»

Susana Arizaga

El juez ha rechazado la pretensión de los concejales de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente -imputados en una querella por ruidos contra el Ayuntamiento- de que emitiera un auto judicial para «acordar medidas restrictivas» respecto de las manifestaciones del abogado de la Asociación de Afectados por el Ruido (Afaruza) a los medios de comunicación, a fin de evitar un «juicio paralelo». En base a esa consideración niega que el letrado Antonio del Castillo haya incurrido «en responsabilidad disciplinaria alguna al haber transmitido a la prensa a grandes rasgos el contenido de las declaraciones de los imputados en este procedimiento». Unas declaraciones en las que el abogado acusaba a los munícipes de «pasar la pelota» de su responsabilidad en el control del nivel de ruidos en bares -causa de la denuncia- a los funcionarios.

Pero el magistrado no sólo recuerda a los abogados de los querellados que «no ha sido decretado el secreto de actuación procesal» en esta denuncia -en la que se acusa a los responsables municipales Jesús Rodríguez y Feliciano Fernández de dejación de funciones y prevaricación-, sino que va más allá al cimentar su negativa en que «el secreto sumarial no se interpone como un límite frente a la libertad de información, sino que busca una segura represión del delito». Y precisa que «únicamente están proscritas las denominadas "revelaciones indebidas"», «la de datos obtenidos ilegítimamente».

El hasta hace unos días titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la capital subrayó, para reforzar sus tesis, que «la conducta de Del Castillo no puede considerarse vulneradora del secreto sumarial» porque en este caso «no pone en peligro en modo alguno el éxito de la instrucción», «ni la perjudica» y «puede enmarcarse dentro del genérico derecho de información y difusión pública de asuntos o cuestiones de cierta transcendencia o relevancia social». Con estas reflexiones viene a desmontar la acusación de «clara injerencia en el curso de la justicia», arrojada por los abogados de los integrantes del equipo municipal de Gobierno del PP.

El juez abunda en la defensa del derecho a la libertad de información al hacer hincapié en que «el secreto del sumario no significa que uno o varios elementos de la realidad social sean arrebatados a la libertad de información, en el doble sentido de derecho a informarse y derecho a informar con el único argumento de que hay diligencias penales» al respecto. Concluye que «el mal entendido secreto de sumario equivaldría a crear una atípica e ilegítima "materia reservada" de los hechos que se investiga y no sobre "las actuaciones" del órgano judicial» que conforma el sumario.

Descalificaciones para crispar, lograr un juicio paralelo y una condena anticipada

Los letrados de los concejales Feliciano Fernández y Jesús Rodríguez acusan a su colega Antonio del Castillo, abogado de la Asociación contra el Ruido, de verter declaraciones con «epítetos descalificadores» hacia los querellados con una doble intención: «crear un clima de crispación en el seno del Ayuntamiento de Zamora» y «conseguir una "condena anticipada", malutilizando a los medios de comunicación para provocar? una condena pública y paralela». En la petición de las «medidas restrictivas» para Del Castillo los abogados llegan a hablar de «clara intromisión -por parte de éste- en el terreno de las calificaciones acotadas al instructor, con clara suplantación» de las competencias del juez.

Los representantes de los querellados ponen en duda la profesionalidad de su colega, que fue requerido por el juez que investiga la querella para interrogarle sobre las declaraciones objeto de esta polémica, efectuadas a los medios de comunicación en la primera comparecencia judicial de Fernández y Rodríguez. La Asociación contra el Ruido denuncia «la actitud de los concejales que además de dejarnos sordos, nos quieren dejar mudos», indica.

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