La Junta prevé sanciones de 300.000 euros por los edificios mal insonorizados

La maquinaria de obras deberá llevar silenciadores, amortiguación antivibraciones e incluso ir 'encapsulada' para evitar molestias a los vecinos La futura Ley del Ruido endurece las medidas de control para luchar contra la contaminación acústica

S. E.

La ley se incorporará a la abundante normativa existente para poner coto a la contaminación acústica, partiendo de la consideración de que el ruido ha pasado de ser una simple molestia a convertirse en una tortura para aquellas personas que lo sufren habitualmente. La futura norma autonómica introduce el factor del aislamiento acústico en la actividad cotidiana de las obras y en las edificaciones. Informes previos a la concesión de la licencia de obras sobre el ruido en la zona serán completados con el examen de la insonorización dentro de los inmuebles, imprescindible para obtener la licencia de primera ocupación. El ruido no podrá sobrepasar los 40 decibelios de día en cocinas, baños y pasillos y los 32 en habitaciones. Las comprobaciones, incluidas de las bajantes, se efectuarán al menos en el 20% de la viviendas de la promoción.

La legislación regula exhaustivamente el aislamiento de actividades industriales y el empleo de maquinaria en las obras. Silenciadores, amortiguadores e, incluso, «encapsulados» de maquinaria serán obligatorios para evitar que el ruido o las vibraciones de sus motores superen el nivel marcado de 90 decibelios como máximo en el exterior. Quedarán prohibidos los trabajos de reforma en el interior de viviendas de 22.00 a 8.00 horas.

Además de establecer controles más rígidos para locales hosteleros con equipos musicales o grandes pantallas de televisión, la normativa obliga a instalar en la fachada una placa con la identificación de la actividad para facilitar el trabajo a la Policía Local.

El límite de decibelios para dentro de discotecas no superará los 95 y a partir de 90 los titulares de las mismas deberán advertir con una cartel, a la entrada, del perjuicio que ocasiona el sonido del interior en los oídos.

Discotecas y bares de copas aglutinan las denuncias por contaminación acústica. El ruido ha dado y da mucho trabajo al Procurador del Común de Castilla y León, Manuel García Álvarez, firme defensor del bautizado como «derecho a ser dejado en paz» de cualquier ciudadano que lo sufre. García Álvarez, en su último informe, reconoce que la mayoría de las quejas que atiende por ruido tienen que ver con «la inactividad de la Administración».

Tacómetros acústicos

La futura normativa castellano y leonesa establece zonas de protección acústica especial en las que, si se superan los límites legales de ruido, la administración local deberá restringir horarios de obras, actividades molestas, o tráfico, también la velocidad de vehículos y suspender la concesión de licencias y autorizaciones que impliquen un aumento del volumen ambiental. En zonas saturadas, las medidas son más restrictivas.

Los vecinos que sufren el ruido habitualmente en forma de deficiencias auditivas, neurosis, dificultades para la comprensión oral, hipertensión, isquemia y aumento de las tendencias agresivas a buen seguro que recibirán la nueva normativa con satisfacción, pero también con incredulidad sobre todo en casos -que no son pocos a tenor de los informes anuales del Procurador del Común- en los que la Administración parece aliada, por omisión o falta de medios, con el infractor.

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