Madrid, 31/10/03 El Senado aprueba de forma definitiva la Ley del RuidoEl Pleno del Senado ha dado su aprobación al dictamen elaborado en comisión sobre el proyecto de Ley del Ruido, rechazando con los votos del Grupo popular las más de 200 enmiendas presentadas por la oposición al texto remitido en su día por el Congreso y por el que se quiere reducir la creciente contaminación acústica en EspañaAunque desde CiU se ha anunciado que se podría recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional por considerar que presenta un conflicto de competencias entre las distintas administraciones en materia de control de la contaminación acústica, los votos del Grupo popular, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, sirvieron para aprobar de forma definitiva el proyecto de Ley del Ruido.El texto contempla, por vez primera, la consideración del ruido integral como fuente emisora a la vez que aborda el grado de exposición de los ciudadanos al mismo. Otra de las novedades del texto es que incluye la confección de mapas de ruido, los cuales serán elaborados por las autoridades competentes, quienes dispondrán de información uniforme sobre los distintos niveles de contaminación acústica. La futura norma obliga a que, antes del 30 de junio de 2007, cuenten con mapas de ruido 15 ciudades españolas con más de 250 mil habitantes, 24 ejes viarios con un tráfico de más de seis millones de vehículos anuales, los grandes ejes ferroviarios con más de 60 mil convoyes anuales, así como un total de 11 aeropuertos con más de 50 mil movimientos al año. Por otro lado la nueva norma, que persigue evitar los riesgos y daños que provoca este tipo de contaminación en el entorno, establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 300.000 euros en los casos más graves, que pueden llegar incluso a cerrar las instalaciones emisoras de ruido. Esta ley será de aplicación para todos los emisores acústicos y prevé la creación de la figura de las Zonas de Servidumbre Acústica, las cuales corresponderán a las zonas situadas en el entorno de las infraestructuras y equipamientos públicos. Este aspecto concreto supone la transposición al Ordenamiento Jurídico español de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, relativa a evaluación y gestión del ruido ambiental.
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