Continúa la tramitación en el Senado de la futura Ley del Ruido sin la inclusión de ninguna enmienda de la oposición

El proyecto de Ley del Ruido ha sido remitido al Pleno del Senado tras superar el trámite de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, en el transcurso del cual la mayoría popular ha rechazado las 249 enmiendas presentadas al proyecto por el resto de grupos de la oposición, así como las tres enmiendas de devolución.

Además, el senador popular, Óscar Llanos, sostiene que la iniciativa se adecua al sistema competencial con las comunidades autónomas, así como a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un extremo que no es compartido por los socialistas que consideran que la tramitación precipitada del texto ha supuesto la pérdida de una oportunidad para armonizar las leyes autonómicas y locales.

Entre las enmiendas que ha presentado el Grupo del PSOE, las cuales mantendrá en el Pleno de la Cámara Alta, se encuentran la solicitud de que no se creen zonas de situación acústica especial, porque es suficiente con las de protección acústica, así como la apuesta por desarrollar un Plan Nacional de Financiación de Lucha contra el Ruido o la reducción de los plazos del año 2007 al 2005 en relación con la creación de mapas de ruido.

Por lo que respecta al total de 29 enmiendas presentadas por CiU, éstas abogaban por el desarrollo de mejoras técnicas y competenciales, ya que, a su entender, con la redacción actual los conflictos de competencia sólo se podrán resolver mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional, mientras que las de PNV pedían consideración de emisiones de ruido para los buques, las actividades de hostelería y las actividades domésticas.

Cabe recordar que el principal objetivo del proyecto de Ley del Ruido es prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para lo cual contempla, por primera vez, la consideración del ruido integral como fuente emisora a la vez que aborda el grado de exposición de los ciudadanos al mismo.

Otra de las novedades del texto radica en la confección de mapas de ruido por parte de las autoridades competentes, quienes dispondrán de información uniforme sobre los distintos niveles de contaminación acústica, así como el establecimiento de un régimen sancionador que contempla multas de hasta 300.000 euros en los casos más graves, que pueden llegar incluso a cerrar las instalaciones emisoras de ruido.

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