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La Laguna, 16/10/03

Sigue abierta "ilegalmente" la bloquera de Valle de Guerra

Hace un año, los tribunales ordenaron el cierre por trabajos molestos
Dominga Pérez se puso en huelga de hambre por la bloquera "¿Quién nos va a resarcir de las secuelas físicas y mentales de mi familia y mías por la bloquera de Valle de Guerra cerca de mi casa?", esta es la pregunta que se hace una y otra vez Dominga Pérez. Después de un año y con una sentencia en la mano que obliga al propietario a tomar medidas correctoras o al cierre de esta fábrica por las daños físicos y psicológicos que el trabajo continuado en esta industria causa en el desarrollo de sus vidas.
P.D.
No es la primera vez que Dominga Pérez sale a los medios para contar su problema... "somos un núcleo de vecinos los que estamos siendo perjudicados por la presencia de esta bloquera, aunque sólo yo y Enrique Barbuzano hemos tomado iniciativas que traten de modificar y cambiar la situación de esta localidad.

Pérez habla además de amenazas de muerte e insultos, "el propietario de la fábrica nos ha dicho que nos va a matar, en repetidas ocasiones, además de lanzarnos todo tipo de improperios contra las personas que vivimos junto a su empresa". En una ocasión, incluso, el Ayuntamiento de La Laguna envió a la Policía Local para precintar la obra "y no les dejó acceder, los amenazó diciéndoles que aquella era su propiedad y que nadie tenía derecho a entrar o a precintar".

Dominga Pérez vive, además, el drama personal de tener una persona en casa con una enfermedad: icticia cerebral, degenerada a raíz del ruido que provoca la fabricación de bloques. "Está recogido en la sentencia que el ruido provoca la aparición de enfermedades físicas y neurológicas, además de neurosis, hipertensión y nerviosismo", arguye esta vecina de Valle de Guerra.

No se explica porqué después de un año en el que se dictó la sentencia, todavía hoy nadie ha puesto su mano para solventar el tema. La alcaldesa de la ciudad, Ana Oramas, se comprometió en su momento a buscar una zona con suelo industrial para que la fábrica se trasladase, "pero no nos consta que esto haya sucedido y ayer la construcción de bloques continuaba en la puerta de mi casa".

Dolores Pérez insiste, además, en que "desde el consistorio se nos dice que si no intervienen o hacen algo es porque la sentencia no es firme, pero nosotros seguimos siendo los perjudicados sin que nadie tenga en cuenta nuestra situación".

Esta mujer que se puso en huelga de hambre como medida de presión hace desde su casa un llamamiento a las numerosas autoridades: "Quiero que el Gobierno de Canarias, (ya que el anterior hizo caso omiso a todos nuestros llamamientos), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de España y los tribunales se impliquen con este tema. Creo que hay suficientes motivos para que velen por los ciudadanos afectados por esta industria. Lo único que pedimos es la paz y la tranquilidad dentro de nuestras viviendas. Es un derecho que tenemos los vecinos. No podemos continuar con esta situación".

No es el primer caso que se da en España, ni en la Unión Europea sobre la producción de ruidos en las proximidades de núcleos urbanos. En todos siempre se ha reconocido el derecho del ciudadano sobre el empresarial como así consta en la sentencia, "pero nosotros continuamos esperando una respuesta. Seguimos en nuestra casa viendo cómo el dueño de la fábrica utiliza un solar no para almacenar bloques, como él dice, sino para fabricarlos", señala Pérez.

Ella ha conseguido imágenes desde una de las ventanas de su casa mientras trabajan y continúan con la producción de este material de construcción. "De nada ha servido la sentencia, de nada nuestras quejas, ni los informes de la Policía Local" que acude a su llamada para testificar, una vez más, que hay demasiado ruido. Dolores Pérez no se rinde y camina por los pasillos municipales buscando ayuda, exigiendo una solución a este problema de ruidos.

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