Sevilla, 26/11/03 La Junta delimita cinco áreas de ruido en función de la actividad que se realice en la zonaLos ayuntamientos tendrán que hacer mapas que las localicen tras la aprobación de la norma contra contaminación acústicaLos municipios de más de 250.000 habitantes deberán aplicarlo antes de 2007 y las sanciones alcanzan los 300.000 eurosJOAQUINA DUEÑAS
Aún así, la Consejería de Medio Ambiente no se desliga del control de ruidos ya que según explicó la consejera, Fuensanta Coves: «Cuando un vecino realice una denuncia y no reciba respuesta de su Ayuntamiento en el plazo de 15 días podrá intervenir la consejería para hacer las mediciones pertinentes». Además, para facilitar la entrada en vigor de este reglamento la consejería se compromete a formar a los técnicos y a colaborar en la adquisición de los instrumentos de medición . Según el Ecobarómetro de 2003 el 43 por ciento de los ciudadanos cree que el mayor problema de contaminación es el exceso del ruido. Por ello, las mayores exigencias se aplicarán en las áreas de silencio , ya que según Coves uno de los objetivos de la misma es «garantizar el derecho al descanso». También habrá concesiones para los municipios en materia de tráfico, el mayor problema de ruido para un 77 por ciento de los ciudadanos. Por eso también se toman medidas especiales: «La Policía Local podrá detener cualquier vehículo que crea que pasa de los decibelios permitidos y en caso de que así sea el propietario sólo podrá retirar su medio de transporte bajo fianza si acredita a través de un informe de ITV que ese problema de ruido ha sido solventado», afirmó Fuensanta Coves. También podrán los municipios suspender la concesión de nuevas licencias y establecer limitaciones al tráfico en zonas acústicamente saturadas. En el apartado sancionador, la norma prevé multas de hasta 300.000 euros para las infracciones muy graves y de 600 para las leves. Estudio previoJunto a ello, el reglamento exige la un estudio específico sobre cumplimiento de normas de calidad acústica para la autorización de cualquier proyecto de instalación o actividad generadora de ruidos y vibraciones, independientemente de la necesidad de otro tipo de licencias o informes de evaluación de impacto ambiental. Estos estudios, que también incluyen aspectos relativos a aislamientos acústicos, deberán ser realizados por técnicos de las entidades colaboradoras de la Junta. Para la labor inspectora, la Consejería de Medio Ambiente asumirá el control y la vigilancia de todas aquellas grandes obras y proyectos que precisan de informes de impacto ambiental y los ayuntamientos el resto (ocio y espectáculos, trabajos en edificaciones y en la vía pública, circulación de vehículos y actividades comerciales y domésticas, entre otras). La norma introduce también mejoras relativas a los requerimientos técnicos de los equipos de medición para evaluar los niveles de calidad acústica y los límites admisibles.
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