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Oviedo, 25/11/03

El fiscal jefe estudia la denuncia de los vecinos de la ´movida´

La dirigen contra el ayuntamiento y la Delegación de Gobierno por dejación
El 43,65% de la actividad del casco antiguo es hostelera y el 41,20%, comercial
Georgina Fernandez
Un informe indica que los niveles de ruido no alcanzan los 65 decibelios
En el expediente que acompaña a la ordenanza de Medio Ambiente hay un informe de la sección municipal de Medio Ambiente. En él se examina el ruido ambiente exterior del casco antiguo. En ninguna de las mediciones se superan los 65 decibelios.

El máximo registrado se sitúa en 64,3 decibelios en la calle Jovellanos, a la altura del Hotel España; y en las calles Mon, Santa Ana y San Antonio.

Según ese estudio, en Jovellanos bajó el nivel de ruido en ese misma zona, ya que en 1990 se registró una medición de 67,4 decibelios, aunque pasó de 63,7 a 64,2 en la esquina con Martínez Vigil. En Corrada del Obispo pasó de 56,3 a 62,7; y en Altamirano bajó de 62,6 a 55,6 decibelios. En la Plaza del Sol se miden ahora 63,0 y en la Plaza del Paraguas, 58,9. En estas últimas zonas no se midió en 1990.

El fiscal jefe de Asturias estudia una denuncia de la Asociación de Ciudadanos Afectados por la Movida por la que se acusa al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno de no cumplir con sus obligaciones en materia de ruidos, licencias de establecimientos y mantenimiento del orden público.

Una representación de la asociación se entrevistó ayer con el fiscal jefe, Gerardo Herrero, y le comentó los problemas que padecen los vecinos. Al final de la entrevista las quejas se materializaron en una denuncia presentada por escrito y que el fiscal se comprometió a estudiar, según indicaron los mismos portavoces vecinales.

La denuncia exige la actuación de la Fiscalía por los "reiterados incumplimientos" de las ordenanzas municipales, debido a "la dejadez de sus funciones", pese a las numerosas denuncias de la asociación, que no tuvieron como respuesta una actuación municipal tendente a suprimir las molestias causadas por los locales que incumplen las ordenanzas "puesto que no aplican ninguna medida cautelar aunque ellos mismos reconocen, en contestaciones a denuncias, que no disponen de la correspondiente licencia para la actividad".

Los vecinos añaden en la denuncia que en su zona de residencia se registran alteraciones del orden público debido "a la concentración de personas en las inmediaciones y alrededores de estos locales; acompañada de peleas y destrozos en el mobiliario, tanto urbano, como de las comunidades vecinales, siendo esto competencia de la Delegación del Gobierno".

Los portavoces de este colectivo aseguran que Gerardo Herrero se mostró "receptivo" a sus problemas y les aseguró que instaría a los organismos denunciados a que actuaran en función de sus competencias.

SANCIONES ATENUADAS El ayuntamiento, mientras, está en vísperas de aprobar su modificación de la ordenanza sobre protección del Medio Ambiente. Lo más significativo del cambio es la fijación de una serie de distancias exigibles para abrir nuevos establecimientos hosteleros en el casco antiguo --primera zona de aplicación--.

El cambio armoniza el régimen disciplinario y sancionador con la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas del Principado; obliga a los bares a funcionar con puertas y ventanas cerradas y prevé que, en caso de sanción, se tendrá en cuenta "la resistencia de las órdenes emanadas de la autoridad urbanística."

Por el contrario, será un atenuante la adopción de medidas correctoras con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador; y el desconocimiento de la situación de irregularidad.

Un informe realizado por la Policía Municipal indica que el 43,65% de las actividades del casco antiguo son de hostelería y el 41,20%, de comercio. Pese a esa estadística, algunas calles sólo tienen bares: Altamirano, Canóniga, San Isidoro, o Ildefonso Martínez; y Mon tiene 17 establecimientos hosteleros. En el perímetro se cierra la zona de actuación de Jovellanos, y se deja fuera Gascona y su bulevar de la sidra.

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