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Madrid, 30/05/03

La Ley del Ruido prevé multas de hasta 300.000 euros y el cierre de instalaciones

A. PRÁDANOS
LAS CLAVES

Clasificará en áreas acústicas los espacios y ámbitos territoriales según sus objetivos de calidad acústica.

Estas áreas se delimitarán en función del uso que predominantemente se le dé al suelo.

Las nuevas licencias de obra estarán ligadas a una certificación acústica.

El vendedor deberá responsabilizarse de los problemas de aislamiento e insonorización.

Se elaborarán mapas de ruido en torno a las grandes vías y centros de comunicación, y en núcleos de más de 100.000 habitantes.

Se crean zonas de servidumbre acústica junto a las grandes infraestructuras y reservas de sonidos de origen natural donde la contaminación acústica por actividad humana debe ser imperceptible.

Prevé sanciones de 600 a 300.000 euros que pueden llevar aparejadas el cierre temporal o definitivo de instalaciones y la revocación de licencias (hasta 5 años).

La polémica Ley del Ruido pasó ayer con holgura su primera prueba parlamentaria. La mayoría del PP fue suficiente para derrotar la enmienda de devolución del PSOE -apoyada por IU y con la abstención de los partidos nacionalistas- y dar vía libre a la tramitación ordinaria del proyecto en el Congreso.

Para todos los grupos, atajar la contaminación acústica que hace de la sociedad española una de las más ruidosas del mundo es un imperativo de bienestar y progreso. La oposición, sin embargo, detecta carencias en el texto. Entre ellas, la falta de concreción de algunas de sus principales propuestas, que se dejan a expensas de un posterior desarrollo reglamentario, sujeto -se temen los socialistas- a arbitrariedades que desvirtúen la ley. Esto hace del proyecto «papel mojado» para Víctor Morlán, del PSOE, o un «brindis al sol» para Jordi Martí, de CiU.

El portavoz de Convergencia denunció una importante invasión de competencias en los preceptos de la ley. «Tanta que si en la negociación de las enmiendas parciales no se cambia el sesgo centralista, la Generalitat catalana no dudará e recurrir ante el Tribunal Constitucional».

En qué consiste
La ley clasifica en «áreas acústicas» los ámbitos territoriales con los mismos objetivos de calidad acústica, que se calcularán según futuros índices de emisión e inmisión (el nivel de ruido de un determinado ambiente). La administración competente delimitará luego estas áreas en función del uso predominante del suelo (residencial, industrial, recreativo, sanitario, ).

Desde que entre en vigor, la concesión de nuevas licencias de construcción estará ligada a la obtención de una certificación acústica y al cumplimiento de los niveles de calidad sonora del área correspondiente. Además, la norma obligará al vendedor de un inmueble a responder y costear la reparación de posibles vicios acústicos ocultos y motivados defectos de aislamiento e insonorización.

Las administraciones deberán elaborar «mapas de ruido» en torno a los grandes ejes de comunicación y aglomeraciones urbanas de más de 100.000 habitantes. Se crean las «zonas de servidumbre acústica» junto a las grandes infraestructuras, y las «reservas de sonidos de origen natural», en las que el grado de contaminación acústica debe ser imperceptible.

La ley del Ruido será común para todas las Autonomías y fija un régimen de sanciones (de 600 a 300.000 euros) que puede llevar aparejada el cierre de instalaciones, y la revocación de permisos y licencias.

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