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Jerez, 18/06/03
La Ley del Vino condiciona la promoción a la ‘Ley Seca’
El Gobierno no sólo no ha sacado al vino de la ley antibotellón sino, que para que no haya dudas, en la Ley del Vino condiciona la promoción financiada públicamente a las limitaciones de la ‘ley seca’. El texto de la ley vitivinícola está prácticamente cerrado para su posible aprobación en las próximas semanas
JAVIER RODRíGUEZ
El Gobierno ha hecho oídos sordos al sector y no sólo no ha sacado al vino de la Ley de Prevención del Consumo Indebido de Alcohol, sino que en la propia Ley del Vino establece limitaciones a la promoción. Según la enmienda introducida por los populares en el Senado la pasada semana, la administración central “podrá financiar campañas de información, difusión y promoción del viñedo y el vino, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional vigente, y en particular con la normativa que prohíbe a los menores de edad el consumo de bebidas alcohólicas”, es decir, la futura Ley de Prevención del Consumo de Alcohol, o ley antibotellón.El texto del proyecto de Ley de la Viña y el Vino, a que ha podido tener acceso este medio, está prácticamente cerrado, y será, salvo sorpresas de última hora, el que apruebe el pleno del Congreso de los Diputados. El cuándo no está tan claro: los socialistas calculan que, salvo que se habilite un pleno extraordinario en julio, habrá que esperar a después del verano, mientras que los populares han insistido en que antes del periodo veraniego estaría en vigor la polémica ley.
La Comisión de Agricultura del Senado aprobó el último texto del proyecto de ley la pasada semana, admitiendo las casi 40 nuevas enmiendas del PP y algunas de los nacionalistas vascos y catalanes. Ahora la ley deberá ir al Senado y posteriormente al pleno del Congreso, donde no se esperan nuevas rectificaciones, después de ocho borradores y la incorporación a lo largo del proceso de decenas de enmiendas.
Los socialistas intentaron, en una última oportunidad a la desesperada, que la Ley del Vino estableciera que la promoción y el consumo del vino se regulen en su propia reglamentación, abriendo el camino para negociar la exclusión del vino de la ley antibotellón, pero los populares tumbaron la enmienda e introdujeron la suya, que es justamente la contraria: supeditar la Ley del Vino a la ley antibotellón y atar aún más la equiparación del vino al resto de las bebidas alcohólicas a la hora de limitar la promoción, venta y consumo. Algo que entra en contradicción con la definición del vino como alimento de la dieta mediterránea que consagra la propia Ley del Vino, según ha denunciado el portavoz socialista de Agricultura, Jesús Cuadrado.
Por lo demás, la ley queda prácticamente como estaba en lo que preocupa a los consejos reguladores: la polémica separación de funciones.
Adiós al “control”
Los consejos deberán resignarse a abandonar el “control” de los productos que amparan, según insiste el último texto del proyecto de ley, quedando como meros órganos gestores de las denominaciones de origen. La única diferencia es que se salvan las espaldas a catalanes, vascos, y valencianos y se ha intentado hacer lo mismo con castellano manchegos, todos los cuales disponen o van a disponer de sus propias leyes del vino. Para que no haya conflictos de leyes, se establece que la separación de funciones, y casi cada aspecto de la ley, se hará de acuerdo con la “normativa que la administración publica competente determine”.A juicio del senador socialista, Pedro Rodríguez, esto viene a significar que el ministro ha garantizado a estas Comunidades que la ley “no se va a aplicar” plenamente en sus territorios. Sí en Andalucía que carece de ley propia y no parece tener intención de elaborarla. Así, por ejemplo se permitiría que en Cataluña no se arrebate el control a los consejos reguladores, tal y como contempla su ley autonómica.
Los consejos reguladores deberán elegir, de acuerdo con la Comunidad Autónoma, el sistema de control que eligen, dentro del mismo abanico que se ha venido barajando desde el cuarto o quinto borrador: órgano público o privado, que en el primer caso puede estar integrado en el Consejo pero convenientemente separado e independiente.
En el último trámite se ha afinado bastante el aspecto de infracciones y sanciones, que ocupa un tercio de la ley, para dejar bien atado este tema, después de que el Tribunal Supremo pusiera en duda la potestad sancionadora de los consejos reguladores con la obsoleta legislación aún vigente.
Última oportunidad desaprovechada
COAG consideraba el pasado 9 de junio la “última oportunidad” para incluir en la Ley del Vino una enmienda que permitiera abrir el camino a la exclusión de este caldo del abanico de medidas draconianas de su hermana mayor, la ley antibotellón, pero la oportunidad ha pasado de largo por la acción del PP.La organización agraria se muestra hondamente decepcionada por el incumplimiento de las promesas del ministro de Agricultura, Miguel Arias, que aseguraba que el consumo de vino “debe ser diferenciado del consumo de otras bebidas alcohólicas obtenidas por destilación con contenido alcohólico notablemente superior”. Arias alabó en el Congreso, el pasado 12 de diciembre, la “total armonía” existente entre la Ley del Vino y la ley antibotellón.
No obstante, la ley seca obliga a que en los puntos de venta el vino sea apartado del resto de alimentos y se exponga junto con las demás bebidas alcohólicas en un lugar no preferente y estigmatizado con un rótulo encima que advierta de que las autoridades públicas consideran que el consumo abusivo produce adicción y graves problemas a la salud, y que el consumo por menores genera efectos nocivos en su salud y desarrollo. El mismo mensaje que deberá aparecer en cualquier publicidad en medios de comunicación. COAG muestra su preocupación porque la ley del botellón derogará cualquier disposición anterior, incluso de igual rango, sobre este aspecto.
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