Sevilla, 15/06/03 Un decreto para intentar acabar con los ruidosNumerosas asociaciones vecinales rechazan la normativa de la Junta al considerar que es un retroceso respecto a las normas vigentes y no ayuda a solucionar el problema, hasta el punto de hacer prácticamente inviable la lucha contra el ruido en AndalucíaROMáN MARTíNLa contaminación por ruidos y vibraciones se ha revelado como una de las causas principales de degradación medioambiental en las áreas urbanizadas. Es un especial agente perturbador de la tranquilidad y sosiego ciudadano, que no sólo acarrea graves molestias sociales para la comunidad, sino que también tiene efectos negativos sobre la salud y el comportamiento de los individuos que lo padecen.El Ecobarómetro de Andalucía ofrecía un dato incontestable. Un 40 por ciento de los andaluces citaba el ruido como uno de los tres problemas más importantes. Por todo ello, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta se encuentra en estos momentos en la elaboración de un tercer borrador del decreto por el que se aprueba el reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía. Varias son las razones por las que el departamento que dirige Fuensanta Coves se ha planteado la elaboración de este decreto. La Comunidad Autónoma ya reguló el problema de los ruidos en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental con el objeto de establecer una normativa que viniera a establecer y regular medidas tendentes a paliar este problema. Esta Ley se ha ido completando con distintos textos normativos, entre otros el Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por Decreto 74/1996, de 20 de febrero, que dedica el Título III a los ruidos. Igualmente, la Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto anterior, en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones, y la Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, lo cual ha provocado que la regulación de esta materia sea un tanto difusa, con la consecuente dificultad para la aplicación de la misma. En una reciente comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento de Andalucía, Fuensanta Coves señaló que ?hemos entendido que los años transcurridos desde la entrada en vigor de las normativas, así como los cambios acaecidos en la evolución tecnológica, en la instrumentación acústica y en las nuevas normas internacionales y nacionales en materia de ruido y vibraciones hacían aconsejable un replanteamiento de toda la normativa vigente, actualizándola, para que la lucha contra la contaminación acústica pueda llegar a ser más eficaz, más eficiente, minimizarla y, sobre todo, paliar sus efectos?. Este nuevo decreto incorporará al ordenamiento jurídico de Andalucía la Directiva 2002/94, desarrollándose como instrumentos de evaluación y actuación frente a la contaminación acústica los mapas de ruido y los planes de acción, así como la necesidad de poner a disposición de la población en general la información sobre el ruido ambiental y sus efectos. Asimismo, el reglamento regula las áreas de sensibilidad acústica como zonas homogéneas de ruidos en las que se tendrán que mantener o disminuir los valores existentes, sin olvidar una regulación pormenorizada de las condiciones acústicas que deben cumplir determinadas actividades de gran incidencia en la vida diaria de las personas, como son los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como las de los vehículos a motor. Además, este decreto será el instrumento que permitirá a las Administraciones competentes la aplicación de unas medidas sancionadoras a quienes superen los umbrales sonoros que establecerá este reglamento. ?Pero recordemos -señala la consejera- que el ruido es una consecuencia indeseada generada por un sin fin de actividades que tienen, además, orígenes múltiples. No podemos dejarnos arrastrar por el error en el que algunos nos quieren hacer caer pretendiendo considerar este proyecto de decreto como la norma que va a poner fin de manera inmediata y definitiva a determinadas actividades molestas o perjudiciales para toda la sociedad. Este decreto controlará la emisión de ruidos y facilitará su reducción, llegando, incluso, a permitir la clausura de determinadas actividades especialmente molestas, pero este reglamento, no tiene como fin controlar la aglomeración urbana de jóvenes en nuestras calles ni tampoco regular la venta y el consumo de alcohol?. Sin embargo, los anteriores borradores no han contado con el beneplácito de numerosas organizaciones ciudadanas. Para Francisco Morales, presidente de Granada contra el ruido, ?la situación es totalmente disparatada y realmente grotesca. El proyecto que plantea la Junta supone un retroceso con respecto a la normativa vigente hasta el punto de hacer prácticamente inviable la lucha contra el ruido en Andalucía?. Según Morales, ?en el decreto no se aplica el sentido común. Si un policía local que patrulla por la calle ve a alguien haciendo fuego, tiene autoridad para decirle que lo apague, sin necesidad de utilizar un termómetro. Esto no ocurre si ve a alguien haciendo ruido, ya que necesitaría tener un sonómetro. Esto no ocurre en los países civilizados?. En el mismo sentido se posiciona la portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario del PP, Carolina González Vigo, quien solicita que el decreto dé más competencias a los ayuntamientos y a la Policía Local, ?ya que son las instituciones más cercanas a los ciudadanos? La Junta podría obligar a usar sonómetros de hasta 9.000 eurosExisten tres tipos de sonómetros (instrumento que mide y compara los sonidos) que se diferencian entre sí por el grado de precisión, por las funciones que realizan y por el precio: son los tipos 0,1 y 2.Dejando aparte los de tipo 0, que sólo se usan en laboratorio, los de tipo 1 tiene una precisión del orden de 1 decibelio, y su precio oscila entre 3.000 y 9.000 euros, mientras que los de tipo 2, tienen una precisión de 2 decibelios, y el precio de los más sencillos ronda los 200 euros. Según el borrador del decreto contra la contaminación acústica, la Junta obligará a los ayuntamientos a usar los sonómetros de tipo 1. Según Francisco Morales, presidente de ?Granada contra el ruido?, ?es evidente que la precisión de los de tipo 2 es más que suficiente en la mayor parte de las ocasiones?. Morales asegura que ?el proyecto parece redactado por personas con intereses económicos en el campo de la medición del ruido?. El nuevo reglamento, dice la asociación, ?complica los procesos de medición y obliga a utilizar aparatos más caros, pero además, las mediciones han de realizarse por expertos cualificados, por lo que será más costoso para los ayuntamientos y los afectados?.
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