Un ciudadano contra el ruido

José Aguilar

¿Qué derecho? Nada menos que el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la intimidad familiar. Nos creemos que el domicilio solamente se viola con una patada en la puerta, al modo de Corcuera, y, sin embargo, también es violado de manera cotidiana por esa especie de patada acústica y horrorosa de los decibelios incontrolados, las botellonas o botellones callejeros y otras formas de agresión al oído, a la tranquilidad y al descanso. Es la costumbre del sufrimiento la que nos conduce a aguantar con fatalismo tanto ruido suelto.

Bueno, la costumbre y la inhibición de la autoridad en sus diversas envolturas. Es contra la pasividad municipal contra la que se levantó el pacífico ciudadano Salcedo, quien denunció durante años ante ayuntamientos de todos los colores los perjuicios que le ocasionaba una discoteca de moda -discoteca que fue un tiempo territorio nocturno favorito de un ex presidente de la Junta de Andalucía- y que, harto de coles, acudió a los tribunales hasta lograr, ahora, que le den lo que siempre tuvo, la razón.

Lo que la sentencia del Supremo deja establecido es que el Ayuntamiento sevillano es culpable de hacer dejación de su competencia y responsabilidad en materia de medio ambiente, que no es cosa de animalitos en vías de extinción y bosques en peligro, sino también de silencio y de sosiego para las personas en sus casas. El TS acaba con las excusas municipales sobre la existencia o no de ordenanzas, la llamada colisión de derechos de los vecinos y de los alborotadores, los litigios de competencias entre unas administraciones y otras y demás ocurrencias que todavía hoy seguimos escuchando por todos los rincones patrios.

Se acabó lo que se daba: el Ayuntamiento es culpable de algo tan grave como incumplir las leyes. La pena es que los daños y perjuicios habremos de pagarlos todos los ciudadanos, cuando lo lógico sería que los abonasen a escote todos los alcaldes y concejales pasotas, que seguramente no habrían aguantado una discoteca tan ruidosa y vibradora junto a sus viviendas. Estamos ante un caso de prevaricación política clara. Estamos, también, ante un contribuyente dispuesto a defender sus derechos frente a la desidia municipal y espesa. Un par de sentencias más como ésta y habremos avanzado más que con una docena de leyes. No son más leyes lo que falta, sino más voluntad de aplicarlas.

Nos creemos que el domicilio sólo se viola con una patada en la puerta, y también es violado de manera cotidiana por la patada acústica de los decibelios incontrolados

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