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Cartagena, 28/2/3

Beber en la calle supondrá entre 60 y 180 euros de multa

EDITORIAL

Medidas contra el botelleo

Una de las cosas que más ha indignado a los vecinos en los últimos tiempos es la proliferación del consumo de alcohol en la calle por los jóvenes. En algunas ciudades, también de la Región, se han producido verdaderas situaciones de confrontación entre los vecinos que reclaman para ellos la libertad de la paz y el descanso, frente a los que promueven la libertad relativa del consumo en la calle.

Desde partidos y vecinos se ha exigido a la Administración local medidas encaminadas a un mayor control de esta situación, sobre todo, desde el ámbito ciudadano y, sin embargo, ahora que se adoptan medidas contundentes para evitar el consumo, y los problemas que ello conlleva; con las correspondientes sanciones económicas, resulta que los mismos vecinos y partidos se asustan de tales sanciones. Prohibir sin prohibir. No se entiende muy bien que se pidan soluciones radicales, compartidas o no, ésta es otra cuestión, pero que cuando se aplican se critique la validez de las mismas; se ponga en tela de juicio el listón democrático de las medidas acordadas y se pida marcha atrás. El botelleo o se prohíbe o se permite. No valen las medias tintas. No tiene mucho sentido que el mismo vecino que criticó esta práctica debajo de casa y exigió su fin, ahora diga que es antidemocrático su persecución.

La Comisión de Hacienda y Medio Ambiente aprobó ayer la modificación de la anterior ordenanza, extendiendo a todas las edades la prohibición de consumo en la calle que antes sólo afectaba a menores de 18 años. La sanción más cuantiosa es de 6.000 euros.

La nueva ordenanza municipal sobre la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública acarreará sanciones de entre 60 y 180 euros a aquellas personas que ingieran este tipo de productos en la calle y multas por cantidades de 300 a 1.200 euros para los propietarios de establecimientos que vendan estas mercancías fuera de los establecimientos autorizados para ello.

Así de dura se muestra la nueva normativa, que en definitiva lo que hace es prohibir terminantemente el consumo de alcohol en la calle, salvo casos autorizados, sobre estos dos conceptos -consumo y venta-. Y esto sólo en el apartado de sanciones consideradas como leves en el cuadro de multas.

El régimen sancionador establece además multas para infracciones graves como la venta de bebidas a menores de edad en la vía pública, que incluye desde los 1.500 euros hasta los, 6. 000. La máxima sanción se establece, con 12.000 euros, para la reiteración en esta última infracción. Asimismo, para la negativa a colaborar o informar a las autoridades se establece una infracción leve -150 a 600 euros de multa- y también una grave -1.500 a 3.000-. En este último caso, se aplicaría si se trata de una falta de colaboración notoria que implique falsificación de documentos o informaciones voluntariamente inexactas. Esta modificación será aprobada, con los votos del PP, la oposición radical de IU y la abstención prevista del PSOE, en el pleno municipal de mañana. Si no hay alegaciones entrará en vigor en 30 días naturales a partir de entonces, es decir, aproximadamente el 29 de marzo.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Domingo Segado, explicó que la validación por parte del Tribunal Superior de Justicia de una ordenanza muy similar en Murcia y la aprobación, la pasada semana, de otra prácticamente idéntica en San Javier ha llevado al Ayuntamiento a agilizar los trámites para llevar adelante esta iniciativa. “Queremos frenar el ‘efecto llamada’ que la prohibición en otros municipios puede suponer para los jóvenes que organicen ‘botelleo’ y que puedan verse tentados a acudir a Cartagena”, apuntó.

Añadió que esta modificación será comunicada a los integrantes de la Mesa del ‘botelleo’ en una reunión que tendrá lugar próximamente

La oposición, crítica

El PSOE mostró ayer su descuerdo con la medida, ya que, aunque comparte la preocupación por el problema consideran que la prohibición radical no es la solución del mismo.

Por su parte, desde IU, su coordinador regional Cayetano Jaime Moltó calificó de “nueva ley seca” la medida, mientras el edil cartagenero Jorge Julio Gómez Calvo, señaló que la prohibición debería ir ligada a que ese consumo sea causa de molestias, ruidos o contaminación y no ser tan radical, dado que esa radicalidad también plantea dudas sobre su aplicación real. En caso contrario, por reducción al absurdo, “se podría llegar a poner multas incluso a cualquier persona que sacara una cerveza de una nevera portátil para acompañar a un bocadillo de tortilla”, apuntó el edil de IU.

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